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Musa Besaile recibió un “portazo”, en su intento por revivir el preacuerdo por el Cartel de la Toga

El exsenador es uno de los principales protagonistas de este escándalo de corrupción que permeó a la Rama Judicial.


El exsenador Musa Besaile, uno de los principales protagonistas en el escándalo del Cartel de la Toga, recibió un nuevo revés en su lucha para revivir el preacuerdo que había firmado con el magistrado de la Sala Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda, y en el cual aceptaba su plena responsabilidad en la entrega de sobornos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En su tercer intento, el magistrado Rueda pedía que se le protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que consideraba vulnerados por las decisiones que había tomado la misma Corte.

Sin embargo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifestó que no existen méritos para revivir el mencionado preacuerdo.

“No es procedente acudir a la acción constitucional en comento, para plantear discrepancias de criterio con las interpretaciones normativas o las valoraciones probatorias que hacen los jueces naturales, dado que el procedimiento sumario no está concebido para que el juez de tutela imponga sus propias reflexiones sobre la manera en que los procesos ordinarios deben resolverse”, precisa la Sala con ponencia del magistrado Iván Mauricio Lenis.

El exsenador Musa Besaile buscaba que se le reviviera un preacuerdo por el cartel de la toga.
El exsenador Musa Besaile buscaba que se le reviviera un preacuerdo por el cartel de la toga. - Foto: Cortesía

En el debate jurídico se hizo un llamado de atención al considerar que “no es procedente” acudir a la acción de tutela, puesto que existen otros mecanismos judiciales para reclamar por la presunta vulneración de las garantías judiciales.

En septiembre de 2021, SEMANA reveló las negociaciones que adelantaba Besaile directamente con la Corte Suprema de Justicia. Esto, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsara al considerar que, tras cuatro años, no aportó información importante, relevante, exhaustiva y detallada sobre este hecho de corrupción que permeó la Rama Judicial y el escándalo de la parapolítica.

En la decisión tomada el 26 de julio de 2021, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que esta adelantara la investigación contra Besaile por el delito de concierto para delinquir (en el caso de la parapolítica) y de concusión (por el denominado Cartel de la Toga).

En repetidas oportunidades, y de manera curiosa, el magistrado Rueda Soto ha presentado varios recursos con el fin de pedir la protección de los derechos fundamentales del excongresista del Partido de la U. Incluso, había pedido suspender la audiencia de continuación de juicio contra Besaile mientras se resolvía el preacuerdo. Todas las tutelas fueron negadas por improcedentes.

En la negociación se fijaban la devolución del dinero y la entrega de nombres de otras personas vinculadas a estos procesos penales. El exsenador, quien fue capturado en septiembre de 2017, ha manifestado que cuenta con información que permitirá abrir el espectro de las alianzas de políticos con grupos paramilitares, así como la participación de otros funcionarios con el cartel de corrupción que se armó al interior de las altas cortes.

Incluso Besaile reconoció ya haberle entregado 2.000 millones de pesos al magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo Fernández para que frenara la orden de captura que se iba a emitir en su contra por la parapolítica. En ese momento, insistió en que su abogado, Luis Ignacio Lyons España, había recibido la “oferta” para pagar seis mil millones de pesos con el fin de desviar la detención inmediata.

Hasta anunció que contaba con toda la evidencia documental para demostrar el pago de este soborno. Por estos hechos, en agosto de 2013, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado Malo Fernández a la pena de nueve años y medio de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión.