Nuevas imputaciones en caso Odebrecht: nueve exfuncionarios de la ANI a responder por irregularidades en otrosíes del contrato Ruta del Sol II

En un nuevo capítulo del caso Odebrecht, fiscales pertenecientes al Grupo de Tareas Especiales imputaron formalmente a un grupo de exfuncionarios y a un contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto con un interventor, por su presunta implicación en actos irregulares que han salido a la luz en relación con cuatro modificaciones contractuales adicionales al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010. Dicho contrato estaba destinado a la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.

La investigación se centra en cuatro modificaciones contractuales conocidas como otrosíes que, según la Fiscalía, fueron manejados de manera inapropiada.

Los cambios en el contrato original, que tenía por objeto la construcción de una importante parte de la vía, parecen haber sido ejecutados sin cumplir con los requisitos legales y en interés indebido.

Los nombres de los exfuncionarios de la ANI fueron revelados. Entre los imputados se encuentran:

1. Camilo Mendoza Rozo, quien ocupó los cargos de vicepresidente de Gestión Contractual y vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.
2. María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente administrativa y financiera.
3. Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de estructuración.
4. Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.
5. José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de proyectos carreteros.
6. Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de proyectos carreteros.
7. David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
8. Alexandra Lozano Vergara, exgerente de gestión contractual.
9. César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.

Los otros dos implicados son:

1. Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).
2. Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.

Los cargos presentados contra estas personas están relacionados con su presunta colaboración en la autorización de las modificaciones contractuales antes mencionadas. La Fiscalía sostiene que, en conjunto, habrían respaldado y permitido estudios de conveniencia, sustentación, valoración y actas de convalidación para los otrosíes números 3, 6, 7 y 9.

Estos otrosíes, que fueron agregados al contrato original, abordaban aspectos como los diseños, la forma de pago y otros detalles clave.

Los fiscales acusan a estas personas de ignorar el propósito original del contrato de concesión y de haber permitido la inclusión de una nueva vía que, según la investigación, no estaba relacionada ni tenía una conexión física con el proyecto principal, conocido como Ruta del Sol II. Se argumenta que estas acciones violaron principios esenciales en la contratación pública, como la planificación, la transparencia y la selección objetiva.

En respuesta a las imputaciones, los procesados han optado por no aceptar los cargos presentados en su contra.

Desde Brasil se habría fraguado el ingreso de dineros a campañas presidenciales de Santos y Zuluaga

En otro capítulo del interminable libro conocido como el caso Odebrecht, la Fiscalía presentó una amplia imputación relacionada con el escándalo de corrupción y financiamiento ilegal de campañas políticas que tuvo un fuerte impacto en la cúpula de Odebrecht.

El líder central de esta operación masiva de corrupción sería Marcelo Odebrecht, quien se encuentra entre los afectados por esta acción legal. El ente acusador tiene pruebas de que él fue la mente maestra detrás de esta gran trama de corrupción que se extendió por todo el continente.

La unidad responsable de llevar a cabo estas prácticas corruptas se identificó como el ‘Departamento de Operaciones Estructuradas’, con base en Brasil. Se cree que esta unidad tenía la aprobación y el respaldo de Marcelo Odebrecht. Desde Brasil, según el fiscal delegado ante la Corte, Gabriel Jaimes, se habría fraguado el reparto de coimas y los aportes a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.

Asegura el fiscal Jaimes que ese Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entregó por lo menos 3.540 millones de pesos a la campaña presidencial del entonces candidato Juan Manuel Santos y, posteriormente, 3.045 millones de pesos a la campaña de Óscar Iván Zuluaga.

“La evidencia física recolectada permite, con suficiencia probatoria, establecer que desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas que estaba dedicado, exclusivamente, a la distribución de sobornos en todo el mundo, con lo cual consolidaron su accionar delincuencial”, señaló la Fiscalía.

Además de Marcelo Odebrecht, habrá cargos contra todos los miembros de alto nivel de la empresa en Colombia, incluidos Eder Paolo Ferracutti, Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira.

“El Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Fiscalía General de la Nación ha obtenido un importante resultado en relación con la trama de corrupción llevada a cabo por la multinacional brasileña entre 2009 y 2016 en Colombia, en la investigación conocida como ‘métodos estructurados para pagos ilegales’”, afirmó el fiscal Gabriel Jaimes.

La Fiscalía incluyó el cargo de conspiración para cometer delitos en su acusación contra los directivos y exdirectivos de Odebrecht en Colombia, tras determinar que estas personas formaron una organización criminal con el propósito de defraudar al Estado colombiano mediante los sobornos otorgados a sus funcionarios.

Según el fiscal Jaimes, los acontecimientos se desarrollaron en tres etapas: en primer lugar, la obtención de los contratos; en segundo lugar, la modificación de estos contratos y, finalmente, el pago de sobornos a los involucrados en toda la operación criminal. Los cargos presentados también abarcan el delito de lavado de activos.

Por otro lado, la Fiscalía busca esclarecer las supuestas irregularidades en la contratación pública que ejecutó Odebrecht en Colombia durante los años 2009 y 2016. En ese camino, se imputarán cargos a 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Al parecer, el ente de acusación tendría material probatorio y evidencias físicas que darían cuenta de que estos ciudadanos habrían intervenido en la suscripción de seis otrosíes de la concesión Ruta del Sol II para ayudar, presuntamente, a la multinacional brasileña.

“La investigación advierte que el actuar colectivo de estas personas favoreció notoriamente al concesionario con modificaciones a la forma de pago original, aplazamiento injustificado para el inicio de obras en algunos tramos, ajustes al cronograma de obra, entre otras irregularidades”, aseguró la Fiscalía.

Los 33 implicados, en diferentes grados de responsabilidad, deberán responder por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos. Ellos ocupaban cargos trascendentes en la ANI, como la presidencia, vicepresidencias, gerencias y comités con injerencia en los procesos contractuales.