Distintas organizaciones de derechos de las mujeres adelantaron una investigación relacionada con el aborto en Colombia (permitido bajo tres causales) y la criminalización de las mujeres por su práctica. El pedido de las académicas y activistas es que se retire la interrupción voluntaria del embarazo del Código Penal, como lo manifestó el movimiento Causa Justa ante la Corte Constitucional.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, aliada con otras académicas, concluyó que “por acceder a su derecho al aborto, mujeres, adolescentes y niñas sufren persecución por parte de la justicia colombiana”.
Al respecto, Ana Cristina González Vélez, cofundadora de la Mesa por la Vida y del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y pionera del Movimiento Causa Justa, señaló que “el sistema colombiano opera tendenciosamente para condenar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, en el caso de la justicia”.
El informe, que será oficialmente presentado el miércoles, muestra que el 12,5% de los casos de aborto que están en la justicia colombiana corresponden a mujeres entre 14 y 17 años, mientras que el 24% que derivan en condena corresponden a menores de edad. El total de sentencias condenatorias para todas las edades es de alrededor de 335.
En conversación con SEMANA, González Vélez resaltó que “es curioso que en un país que protege la salud, particularmente de niños, niñas y adolescentes, se esté persiguiendo de una manera tan significativa a las menores”.
Por otra parte, la investigación determinó que las mujeres que deciden abortar tienen una mayor probabilidad de sufrir procesos de persecución por parte de la justicia, que de ser respaldadas cuando son víctimas de delitos asociadas a violencias basadas en género. Los porcentajes lo demuestran, ya que las condenas contra mujeres que deciden abortar representan el 7,6 % de los casos, mientras que para los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, las condenas representan un 1,14% y 3,38% de los casos, respectivamente.
El sistema de información de la Fiscalía constató que el 29,11% de las mujeres indiciadas por aborto, han sido vinculadas en calidad de víctimas de algún delito, y que el 42% de estas mujeres tuvo un historial de victimización previa por delitos de violencia intrafamiliar, 12% de lesiones personales y 10% de delito sexuales.
Por otra parte, el informe demuestra que los cinco departamentos de Colombia en los que se producen mayores condenas por aborto son Caldas (el 18,48% de los hechos que dan inicio a un caso terminan en condenas), Boyacá (13,94%), Santander (10,61%), Tolima (8,48%) y Norte de Santander (6,67%). Bogotá es una de las ciudades en la que la mayoría de los casos de criminalización contra las mujeres que deciden practicarse un aborto derivan en condena (13,33 %).
Además, el informe también revela que el personal de salud antes que atender y brindar los servicios de salud de interrupción voluntaria del embarazo, prioriza reportar estos casos como delito. Frente a este tema, la profesora Isabel Cristina Jaramillo, doctora en leyes de Harvard, quien participó en la ejecución de la investigación, apunta que “sabemos que el personal de salud, con mucha frecuencia, pone en conocimiento de las autoridades la llegada de mujeres con complicaciones en sus abortos; lo hacen incluso antes de que algún médico evalúe la situación y determine si el aborto fue inducido o no (…) Esta vulneración de normas éticas básicas por parte del personal de salud aumenta la desconfianza que las mujeres sienten hacia el sistema de salud y los médicos en general, lo cual se convierte en un verdadero obstáculo para el acceso al procedimiento”.
Finalmente, en cuanto a la solicitud de Causa Justa a la Corte Constitucional, González Vélez explicó que su objetivo con una acción de inconstitucionalidad, ya recibida por el Alto Tribunal, es que se traslade el debate del ámbito penal al de las regulaciones en salud, sin la amenaza del delito.