Martín Alfonso Mejía, exalcalde de Calima - El Darién, protagonizó un nuevo escándalo tras ser detenido por las autoridades en la noche del 27 de febrero, cuando fue sorprendido conduciendo en lo que aparentemente era un estado de embriaguez. Según las autoridades, el exfuncionario también podría haber estado bajo los efectos de sustancias alucinógenas en el momento de su detención.
El incidente ocurrió cuando las autoridades competentes detuvieron el vehículo en el que Mejía se trasladaba. En el proceso, se dio a conocer que el automóvil en el que viajaba el exalcalde pertenece a la Unidad Nacional de Protección (UNP), institución encargada de su seguridad. A través de un comunicado oficial, la UNP confirmó que el exfuncionario se ha negado a devolver el vehículo, a pesar de que está bajo la custodia de la institución.
“El exfuncionario se niega a devolver el vehículo de protección”, señaló el comunicado de la UNP, generando una controversia adicional a la ya existente por el incidente vial. El hecho fue capturado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, lo que generó indignación y reacciones tanto de los ciudadanos como de las autoridades.
¿Otra vez en escándalos? Debería estar recluido en tratamiento para el alcohol. Además manejando borracho e insultando a la policía. ¿Me recuerdan de qué partido es? https://t.co/8IFU51N5HO
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 28, 2025
El exalcalde estaba acompañado por su actual pareja sentimental, Erika Ordoñez Soto, quien actualmente ejerce como presidenta del Concejo Municipal de Calima - El Darién, representando al partido Verde.
Ante este suceso, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de Martín Alfonso Mejía, quien, además de enfrentar posibles cargos por infringir las normas de tránsito, podría enfrentar repercusiones por el uso indebido de un vehículo oficial de la UNP.
En respuesta a este incidente, la UNP emitió un pronunciamiento en el que destacó que el 20 de agosto de 2024, la entidad decidió finalizar el esquema de protección del exalcalde. Además, en octubre de ese mismo año, la “subdirección de protección de la entidad dispone de constancia ejecutoria para el desmonte del vehículo”, sin embargo, el exfuncionario se ha negado a devolverlo.
Como respuesta a este requerimiento, la UNP, según su comunicado oficial, inició en noviembre un procedimiento legal para recuperar la camioneta y presentó una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de abuso de confianza y fraude a resolución judicial.
“El beneficiario del esquema en cuestión se ha visto envuelto en varios hechos que comprometen y lastiman el buen uso de medidas protectoras. La UNP insiste en señalar que todos los recursos con los cuales cumple su misión normativa y con los que desarrolla su programa de protección son dineros públicos y, por tanto, el buen uso de medidas y el cumplimiento de la normatividad implica un respeto con la sociedad y la nación”, puntualiza el comunicado publicado este viernes, 28 de febrero.
