SEMANA tuvo acceso al documento completo de más de 12 páginas con el que la Procuraduría abre investigación por la compra por un valor superior a 13 mil millones de pesos de camionetas blindadas para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El documento explica que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, por información publicada en medios, conoció sobre “presuntas irregularidades en la compra de vehículos blindados por un valor de trece mil doscientos setenta y seis millones de pesos ($ 13.276.000.000), que hacen parte de los esquemas de seguridad de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, así como de la autorización para la compra de 51 camionetas a magistrados de la Rama Judicial durante el estado de emergencia sanitaria declarado en el país por el COVID-19″.
Según el auto del ministerio público, el Consejo Superior de la Judicatura “emitió una orden de compra para adquirir vehículos blindados para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias, compra que se haría por 13.276 millones (sic) de pesos.”
“La orden de compra se fijó el 10 de marzo de este año y vence en agosto. Los proveedores, según la información en Colombia Compra Eficiente, son la Unión Temporal Toyonorte Ltda., Armor International de Colombia Ltda. y Blindex S. A. Además, la compra incluye accesorios y adecuaciones por 5,4 millones (sic) de pesos; mantenimiento preventivo por 816 millones (sic) de pesos, los requerimientos de matrícula por 28,5 millones (sic) de pesos, y un pago del Soat por 39 millones (sic) de pesos”, según cita el auto de la Procuraduría.
En este caso, la decisión involucra en primer lugar a Carlos Eduardo Devia, quien fuera director de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a José Mauricio Cuesta Gomez, director ejecutivo de administración judicial. De hecho, a la Procuraduría, entre las pruebas llegaron varios documentos, siendo uno de ellos una copia del documento con el que se adelantó la contratación “de vehículos blindados y motocicletas. Ello, por cuanto estaba contemplado en el Plan de Inversión (...)”.
El documento es claro en señalar los motivos por los cuales se investiga, explicando que “las pruebas recaudadas hasta ahora permiten identificar e individualizar a los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que participaron en las diferentes etapas del proceso de contratación con el fin de comprar 51 vehículos blindados para fortalecer el esquema de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias de la Rama Judicial”.
Y agrega: “Comoquiera que este proceso de compra ha sido cuestionado, entre otras presuntas irregularidades, por haberse adelantado en plena época de emergencia económica y social por causa de la pandemia del COVID-19 y por los altos costos de tales vehículos, incluidos sus accesorios y adecuaciones, adquiridos mediante una orden de compra (...)”.
La Procuraduría busca establecer dos temas importantes: en primer lugar, si el proceso de contratación que realizó la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura por el sistema de Acuerdo Marco de Precios, recurriendo a la plataforma de Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano, “se ajustó a la normativa y a los principios de la contratación estatal, especialmente los de planeación, economía y selección objetiva”. Y en segundo lugar, lo que se busca indagar por parte del ministerio público, es si el objeto contractual fue ejecutado conforme a los términos del requerimiento de la compra y los estudios previos.
El documento al final pide varias pruebas, como la copia de las actas de aprobación de las pólizas de garantías presentadas por el contratista para avalar el cumplimiento del objeto contractual (si lo hubo) y demás documentos que soportan la ejecución del objeto contractual, como también del acta de liquidación (si la hay) y una certificación del estado actual de la orden de compra que tuvo por objeto la adquisición de 51 vehículos blindados con sus accesorios y adecuaciones “para reforzar el esquema de seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias de la Rama Judicial”.