La Contraloría general de la República acaba de proferir dos fallos de responsabilidad por 9.355 millones de pesos en contra de Saludcoop y en contra de Guillermo Grosso en su calidad de Agente Especial Interventor de la EPS.
Los dos fallos de responsabilidad fiscal se generan por irregularidades encontradas en suscripción y pagos de contratos de prestación de servicios, de obra y de promesas de compraventa, que no guardaban relación con el objeto social de la EPS, así como desembolsos que carecían de relación con la cobertura y provisión de servicios de salud.
En el primer caso, el fallo se profiere por valor de $7.942 millones, por los pagos efectuados por los contratos de promesa de compraventa de tres clínicas en la vigencia 2015, periodo en el cual la EPS se encontraba bajo intervención: Clínica Materno Infantil, Clínica Neiva y Clínica Tunja.
De acuerdo con la Contraloría, estos desembolsos no se ajustaban a la naturaleza del gasto establecida por la normativa, ya que carecían de relación con la cobertura y provisión de servicios de salud.
“Es importante destacar que los recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), son de carácter parafiscal y forman parte integral e indivisible del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), según mandato constitucional. En virtud de dicha disposición, está prohibido destinar o utilizar dichos recursos para propósitos distintos a los de la seguridad social”, explicó el órgano de control.
El segundo fallo de responsabilidad fiscal que se profiere por $1.413 millones, se produce por los pagos realizados en el marco de los contratos de prestación de servicios y de obra, durante los años 2014 y 2015, con el objeto de realizar el diseño arquitectónico, amoblamiento de las oficinas de la sede 109 y adecuaciones, en la oficina de atención al usuario de la Regional Cundinamarca, lo que conllevo a mejoras en propiedad ajena, sobre los citados inmuebles arrendados que usaba la EPS.
Como sucede en el primer caso, estos pagos no guardaban relación con el objeto social de la EPS y eran ajenos a las actividades de aseguramiento en salud y garantía de la prestación del servicio de sus afiliados y por ende no podían sufragarse con cargo al SGSSS.
La Contraloría resalta que para entonces la entidad se encontraba en intervención forzosa para administrar, ordenada por la Superintendencia Nacional de salud.
En marzo de este año Guillermo Grosso fue condenado a seis años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir. y cohecho (ofrecimiento de sobornos en tres casos). En la lectura del sentido del fallo, el juez 28 de conocimiento de Bogotá advirtió la gravedad de la actuación de Grosso al afectar el sistema de salud y los recursos públicos para beneficiarse económicamente.