Hay gran preocupación en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, por el duro recorte presupuestal que estarían enfrentando en el proyecto de Presupuesto General de la Nación. En el último borrador presentado para debate en el Congreso se presentó una nueva reducción de 695.000 millones de pesos.
El asunto no es de poca monta: la reducción del presupuesto no solo afecta el funcionamiento de los juzgados, tribunales y cortes; también la prometida descongestión judicial, y no permitiría cumplir con la implementación de planes y hasta leyes que resultan obligatorias.
Señalan desde la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial que este recorte de 695.000 millones es grave, sobre todo, porque la solicitud inicial, argumentada por la Rama Judicial, planteaba un presupuesto de 16 billones de pesos.
“En reunión con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt; la directora general del Presupuesto, Martha Hernández Arango; y el asesor del despacho, Diego Carrero, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la fiscal general y el representante de funcionarios de la Rama Judicial, expuso las implicaciones de este recorte”, informaron desde la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
El presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, afirmó que “este recorte es muy delicado porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales, de fortalecer y robustecer a la Rama Judicial”.
“Empezamos un diálogo firme, respetuoso y cordial que esperamos pueda rendir frutos para generar mesas técnicas de trabajo, que posibiliten incrementar el presupuesto para el año 2026 y puedan realizarse ajustes que nos permitan más recursos para la administración de justicia”, añadió Vallejo Jaramillo.
Aunque el recorte ya está planteado en documentos, el encuentro de los máximos representantes de la Rama con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt, dejó sobre la mesa la posibilidad de reforzar la partida, y reducir el impacto en la administración de justicia.
Al respecto señalaron que el Ministerio de Hacienda se comprometió a “entregar una respuesta, en los próximos días, sobre la situación del decreto para incrementar la bonificación judicial en un 5,85 %, como se acordó en la mesa de negociación del sector justicia, celebrada en el mes de junio de 2025″.