Desde el inicio de 2026, los consumidores colombianos están pagando más por bebidas alcohólicas como el aguardiente, el ron y el whisky, en gran parte por los impuestos incluidos en el Decreto 1474 de 2025, una medida fiscal de emergencia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó para aumentar ingresos y financiar parte del Presupuesto General de la Nación 2026 tras el hundimiento de la reforma tributaria tradicional.
Ese decreto, vigente desde el 1 de enero de 2026, cambió la estructura tributaria que grava estas bebidas, elevó el IVA de 5 % a 19 % y aumentó en 119 % el componente específico del impuesto al consumo, que pasó de $342 a $750 por grado alcoholimétrico en botellas de 750 mililitros.
Además, el impuesto ad valorem (sobre el valor del producto) subió del 25 % al 30 %, un ajuste que tuvo efecto inmediato en los precios finales al consumidor.
Según cifras de establecimientos y productores, estos cambios han generado alzas considerables en los precios de bebidas populares. El aguardiente de 750 ml que se vendía alrededor de $50.000 en 2025 podría costar cerca de $63.000 en 2026.
El ron se ubica en rangos similares, con incrementos que llevan el precio aproximado a $70.000, mientras que el whisky puede llegar a superar los $80.000, dependiendo de la marca y el punto de venta.
La Industria Licorera de Caldas (ILC) detalló que bebidas emblemáticas como el Aguardiente Amarillo de Manzanares pasaron de un precio sugerido de $49.705 en 2025 a $71.112 en 2026 (43 % más), y el Ron Viejo de Caldas de $54.545 a $84.604 (55 % más) en el mismo periodo, reflejando cómo la presión fiscal impacta directamente al bolsillo del consumidor.
Estos ajustes no solo afectan a quienes compran licor para consumo personal, sino también a la industria y a las regiones productoras. La ILC advirtió que la medida pone en riesgo la viabilidad del sector, que representa cerca del 1,5 % del PIB colombiano y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, desde la producción agrícola hasta la comercialización en bares y restaurantes.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que los cambios tributarios podrían reducir los recursos que tradicionalmente giran a los departamentos para inversión social. En su caso, proyectó una pérdida de hasta $200.000 millones para salud, educación y vivienda si no se mantienen los niveles de venta.
Además, el decreto exige que el excedente recaudado por el aumento en el impuesto al consumo sea transferido al Presupuesto General de la Nación, lo que implica que una parte significativa de esos recursos no llegue a las arcas locales destinadas a servicios públicos.
Otro efecto que alertan productores y analistas es el posible crecimiento del mercado ilícito. Con precios más altos, aumentan los incentivos para la compra de bebidas adulteradas o contrabandeadas, una tendencia que, según datos citados por la industria, ya representaba cerca del 24 % del consumo licor ilegal en Colombia antes de los ajustes, y que podría crecer ante los nuevos gravámenes.
