Las medidas económicas decretadas por el Gobierno nacional, que incluyen la declaratoria de emergencia económica y el aumento del salario mínimo, tendrían un impacto cercano a 1,5 billones de pesos en las finanzas de Antioquia, según advirtió el gobernador Andrés Julián, quien lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro por lo que considera una carga directa sobre los departamentos.
“Petro quiere cuadrar caja por cuenta de las regiones”, afirmó el mandatario departamental al referirse a los efectos que tendrán los decretos presidenciales en la inversión pública, los proyectos de infraestructura y las empresas industriales del Estado en el territorio antioqueño.
De acuerdo con el gobernador, solo el incremento del salario mínimo, que calificó como cercano a cinco veces la inflación causada, obligará a la Gobernación de Antioquia a asumir sobrecostos por 770.000 millones de pesos, derivados del encarecimiento de obras de infraestructura, proyectos de vivienda, gastos de funcionamiento y servicio de la deuda.
Entre las iniciativas afectadas se encuentran la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, las obras de estabilización vial y varios proyectos financiados con recursos de regalías, cuyos contratos podrían ver reducido su alcance. También se prevé una disminución en las soluciones de vivienda ejecutadas por VIVA, situación que impactaría a cerca de 12.000 familias antioqueñas.
“El Gobierno de Petro borró de un plumazo el esfuerzo de nuestro Gobierno por reducir el gasto burocrático improductivo con el incremento del salario mínimo cinco veces la inflación causada”, sostuvo Andrés Julián, al señalar que estas decisiones profundizan el centralismo fiscal.
Uno de los mayores impactos se sentiría en la Fábrica de Licores de Antioquia. Según el mandatario, el decreto de emergencia económica obliga a la licorera a transferir al Gobierno Nacional 720.000 millones de pesos durante 2026, lo que compromete su estabilidad financiera.
“Petro puso a la FLA, la licorera más grande del país, a trabajar para su empleo militante. El Gobierno nacional cuadró caja por cuenta de las regiones y nos está pasando la factura de su estatismo y su ánimo electorero”, afirmó el gobernador, quien también alertó por el posible aumento del contrabando ante el alza de precios.
El gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos Maya, explicó que inicialmente se tenía previsto un incremento de precios cercano al 5,5 %, pero que, tras las nuevas medidas, una botella de licor podría subir entre un 44 % y un 47 %, debido al aumento del impuesto al consumo y al alza del IVA del 5 % al 19 %.
“Una botella de aguardiente antioqueño de 750 ml está a pie de factura en 40 mil pesos y pasaría a 60 mil pesos”, detalló el directivo, quien advirtió que las ventas de la FLA podrían caer aproximadamente un 40 % durante el próximo año.
Pese a este panorama, el gobernador aseguró que Antioquia mantendrá su ritmo de inversión y generación de empleo. Indicó que el departamento cuenta actualmente con 200 frentes de obra pública que generarán más de 11.000 empleos y recordó la existencia de subsidios a la seguridad social para empresas que contraten mujeres jefas de hogar, así como nuevas líneas de crédito para micro y pequeñas empresas.
Finalmente, Andrés Julián confirmó que esta semana participará en una cumbre extraordinaria de gobernadores, en la que se definirán acciones judiciales conjuntas contra las medidas del Gobierno que, según los mandatarios regionales, afectan de manera directa las finanzas de los entes territoriales.
