Los 32 gobernadores del país, a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), elevaron una fuerte voz de alerta frente al Decreto Legislativo 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional modificó el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado.
En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, los mandatarios departamentales pidieron frenar su implementación al considerar que vulnera la autonomía fiscal de las regiones y pone en riesgo su sostenibilidad financiera.
Según el comunicado, estos tributos no son ingresos de la Nación, sino rentas propias de los departamentos, creadas como impuestos nacionales pero transferidas de manera permanente para que las entidades territoriales los administren y financien sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte.
La FND sostiene que, una vez cedidos, estos recursos adquieren un carácter funcionalmente autónomo, lo que impide que el Gobierno central los reoriente libremente para cubrir necesidades del presupuesto nacional.
La federación recordó que la Corte Constitucional ha sido clara en proteger esa autonomía. En la Sentencia C-720 de 1999, el alto tribunal estableció que el legislador solo puede intervenir en la asignación de rentas territoriales si existe un fin constitucionalmente relevante y siempre que no se afecte de manera desproporcionada la capacidad fiscal de los entes territoriales. A juicio de los gobernadores, el decreto rompe ese equilibrio.
El impacto financiero no sería menor. De acuerdo con la FND, el impuesto al consumo representa cerca del 47 % de los ingresos tributarios de los departamentos. Alterar sus reglas de recaudo y destinación equivale, en la práctica, a debilitar una de las principales fuentes de financiación de los gobiernos regionales.
Además, el decreto profundizaría un centralismo fiscal que ya es marcado: mientras la Nación recauda cerca del 81 % de los impuestos del país, los departamentos solo participan con el 5 % y los municipios con el 14 %.
A esto se suma el riesgo de estimular la ilegalidad. El comunicado advierte que los aumentos en la carga tributaria sobre cigarrillos y licores históricamente han impulsado el contrabando.
En el caso de los cigarrillos, se señala que el mercado ilegal creció 36 % en 2024, el nivel más alto desde 2011. Estudios citados por la FND indican que por cada incremento del 10 % en este impuesto, las ventas de cigarrillos ilegales aumentan cerca de 7 %, lo que no solo reduce el recaudo, sino que fortalece estructuras criminales.
En el mercado de licores, el problema es similar: alrededor del 22 % del licor que se consume en el país sería ilegal o adulterado, lo que impacta tanto las finanzas públicas como la salud de los ciudadanos. Para los gobernadores, subir impuestos sin una estrategia efectiva de control puede terminar agravando el problema.
El decreto también introduce cambios técnicos que generan incertidumbre operativa, como la falta de reglas claras para diferenciar productos nacionales e importados o para calcular la base gravable en dispositivos electrónicos y productos nuevos. Esto, advierten, complica la administración tributaria y puede derivar en litigios y errores en el recaudo.
Por todo esto, la Federación Nacional de Departamentos solicitó al Ministerio de Hacienda suspender la aplicación del decreto y abrir una mesa de trabajo con las regiones para buscar alternativas que permitan enfrentar la coyuntura fiscal sin sacrificar la descentralización ni los recursos que sostienen los servicios públicos en los territorios.
