Algo que los ciudadanos en Colombia se cuestionan constantemente es por qué decenas de extranjeros capturados por la comisión de delitos, que por artilugios del sistema judicial quedan en libertad, continúan en el país sin mayores restricciones, con la posibilidad de seguir con su carrera criminal. Migración Colombia explicó en SEMANA este polémico asunto.
Cada vez que un extranjero es capturado en Colombia y presentado ante un juez, queda a órdenes de las autoridades judiciales, no de la entidad, según Migración Colombia. A veces se les da un salvoconducto para controlar su estancia en el país.
Moisés García, director de la Regional Andina de Migración Colombia, en diálogo con SEMANA, explicó cuál es el procedimiento con estos extranjeros y por qué, a pesar de estar vinculados con actividades criminales, resulta casi imposible expulsarlos del país. Sin embargo, se adelantan constantes operativos de control.
“Es un asunto administrativo, luego no es un asunto criminal que le corresponda a Migración Colombia por afectación a delitos. Sin embargo, son unos elementos que, mediante un debido proceso dependiente de cada caso, se pueden tomar unas decisiones administrativas especiales con base en la evaluación y en la medida en que impactan la seguridad nacional”, dijo el funcionario.
Incluso advirtió que son los jueces quienes tienen la potestad constitucional de ordenar la expulsión del país en caso de considerarlo necesario; en ese escenario, Migración Colombia puede avanzar en los procesos administrativos que incluyen la deportación o la expulsión.
“Migración Colombia tiene la posibilidad de tomar decisiones en el marco del debido proceso por afectación a la seguridad y, en este caso, sería la expulsión o deportación del territorio nacional… Efectivamente, encontrado responsable de un delito y con una medida de seguridad, los jueces tienen la facultad en todos los casos de tomar una medida accesoria que incluye la expulsión del país”, explicó el director regional.
Migración Colombia avanza en distintos operativos y acompaña los procedimientos de otras autoridades para revisar la situación migratoria de las personas que son sorprendidas en hechos criminales o que afectan la seguridad y la convivencia de los colombianos. Allí también se han adelantado procesos de deportación o expulsión.
“Entramos a valorar el historial criminal de este extranjero y, si determinamos que hay reincidencia y la persona no tiene un arraigo en Colombia, tampoco ninguna intención de establecerse de manera regular y que más bien representa un serio peligro, tenemos la facultad discrecional de expulsarlo del país por seguridad y convivencia ciudadana”, señaló Moisés García.
En 2025, fueron más de 600 las deportaciones de ciudadanos extranjeros, asociadas en su mayoría a irregularidades de ingreso, salida o permanencia en el país. En lo corrido de este año, se registran 157 deportaciones y 153 expulsiones, 30 de estas con estrictas medidas de seguridad por su peligrosidad.
El director regional aseguró que actualmente se adelantan más de 900 procesos de deportación y expulsión contra extranjeros que incurrieron en hechos criminales o en infracciones a la normativa migratoria.