Procuraduría exige presencia del Gobierno en Nariño ante recrudecimiento de la violencia

La Procuraduría encendió las alarmas debido al recrudecimiento de la violencia en gran parte del departamento de Nariño. La situación está provocando el desplazamiento masivo de cientos de familias en esta región.

De acuerdo con reportes de las autoridades, la extorsión y asesinatos vienen en aumento como consecuencia de la guerra desatada entre grupos armados ilegales, lo que ha generado el temor en habitantes de municipios como Los Andes y La Llanada, en donde más de 100 familias han tenido que salir huyendo de sus viviendas.

En las veredas del Vergel, Palmar y Santa Rosa por lo menos 600 personas se encuentran en confinamiento, según informó la Personería local de La Llanada. Además, de Los Andes 294 personas se desplazaron hacia el casco urbano desde el mes de junio.

Ante estos hechos, el Ministerio Público llamó la atención al Gobierno Nacional para que active mecanismos que permitan poner freno a esta situación.

La Procuraduría Regional le pidió al Subcomité Departamental de Atención y Prevención que informe las condiciones en las que se encuentran estas familias.

El organismo de control también pidió la activación urgente del Comité de Gestión de Riesgo Escolar para garantizar que los niños niñas y adolescentes puedan acceder asistir a clases en las zonas identificadas en la alerta temprana.

La Procuraduría también manifestó su preocupación ante el riesgo que implica esta situación de orden público para las próximas elecciones regionales.

“La difícil situación de orden público que allí se vive podría alterar el normal desarrollo del proceso electoral, razón por la que el Ministerio Público instó a la Registraduría Nacional a prestar atención a la situación y poder garantizar la participación ciudadana en los comicios de octubre”, advirtió la entidad.

Y es que desde comienzos de este mes municipios como Barbacoas y Ricaurte (Nariño) atraviesan una crisis humanitaria debido al masivo desplazamiento al que han sido sometidas las comunidades que viven en la zona.

Los cruentos enfrentamientos que estarían librando el ELN, las disidencias de las Segunda Marquetalia de las Farc y el estado mayor central de Iván Mordisco, han provocado intranquilidad y zozobra entre los pobladores.

Las comunidades indígenas son unas de las más afectadas. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), desde el mes de junio han sido desplazadas de manera forzada más de 1.700 indígenas Awá, viéndose afectadas más de 800 familias.

La mayoría de desplazados son adultos mayores, madres cabeza de familia y menores de edad, quienes están siendo atendidos en albergues del corregimiento Altaquer, ubicado en la vía que comunica de Ricaurte al municipio de Tumaco.

“La población indígena Awá continúa padeciendo los impactos del conflicto armado. Existe el riesgo de nuevas emergencias humanitarias debido a la disputa entre los GANEs por el control territorial. Las subregiones del Piedemonte Costero, Sanquianga y Telembí son las más afectadas”, indicó Ocha Colombia.

Reclutamiento de menores

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el departamento de Nariño se ha registrado un preocupante aumento en el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. La entidad ha recibido informes de 20 casos desde el año 2020 hasta la fecha, siendo el primer semestre de 2023 el período con más reportes, con siete casos registrados: tres en Tumaco, dos en Barbacoas, uno en Policarpa y otro en El Charco.

La entidad ha emitido dos Alertas Tempranas durante este año, advirtiendo sobre el riesgo de reclutamiento en el territorio de la costa Pacífica nariñense y en los municipios de la cordillera y la frontera colombo-ecuatoriana.

Es preocupante para la Defensoría del Pueblo que, según la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental para la Prevención del Reclutamiento, solo 13 de los 64 municipios del departamento cuenten con equipos de acción inmediata. Sin embargo, esto no garantiza que las rutas de prevención y protección estén funcionando de manera efectiva, lo que contribuye a que se consumen los casos de reclutamiento. Además, existe un subregistro de casos debido al temor de las familias a denunciar.