La Procuraduría llamó al Gobierno nacional a dar explicaciones sobre los motivos que llevaron a tomar la decisión de unir los programas de Ingreso Solidario y Familias en Acción.
El Programa de Ingreso Solidario era un apoyo económico del Gobierno a hogares con condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica. Se empezó a aplicar desde la pandemia, en aras de ayudar a la población afectada por el confinamiento y que no hayan sido beneficiados por Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Devolución del IVA. A través de varias fases periódicas mensuales, el Estado proporcionó 160 mil pesos.
Por otro lado, Familias en Acción era un programa a cargo de Prosperidad Social, el cual le ofreció a familias con niños, niñas y adolescentes en condición de pobreza y pobreza extrema la posibilidad de recibir un incentivo económico condicionado a la asistencia escolar y atención de la salud.
Además, el programa contaba con dos tipos de ayudas: El primero era, justamente, el incentivo de salud, el cual se le otorgó a familias con niños y niñas menores de seis años, con el fin de complementar el ingreso familiar, dirigido a mejorar la salud de los menores de edad durante la etapa crítica de su crecimiento. Se entregó un solo incentivo por familia, independientemente del número de niños y niñas que se encuentren en este rango de edad.
También se dio el incentivo de educación, el cual se otorgó a familias con menores de edad que estuviesen cursando la etapa escolar, desde transición hasta undécimo. El beneficio radicó en estimular la asistencia escolar, aumentando los años de escolaridad y reducir la deserción.
Adicionalmente, los niños y niñas de transición y escolarizados con condición de discapacidad, fueron priorizados para el incentivo escolar. Los montos se actualizaron anualmente, dependiendo de la variación del IPC de ingresos bajos.
Desde abril, tres millones de hogares beneficiados por estos programas dejarán de recibir 160 millones de pesos para ser beneficiados, siendo reemplazada por una renta mensual de 500 mil pesos, la cual buscará atender prioritariamente los departamentos con mayor índice de pobreza. La iniciativa se llama Ingreso Vital Básico (IVB).
Los ciudadanos que estaban en los registros de los programas, ahora serán acogidos por el IVB. Sin embargo, la Procuraduría le puso la lupa a la unión de ambos proyectos.
En principio, la entidad recalcó la importancia de conocer las razones técnicas, jurídicas y presupuestales detrás de esta decisión con el propósito de evitar escenarios que representen un riesgo para los actuales beneficiaros y una expectativa para los 324 mil nuevos hogares que se esperan incluir. Es por ello que para el ente de control es fundamental que la transición sea planteada de manera clara, para que no hayan afectaciones en las poblaciones vulnerables y la fuente financiación.
“La función preventiva adelantada por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública hace seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades establecidas en la Ley 1948 de 2019 por parte del Departamento de la Prosperidad Social relacionadas con la regulación y funcionamiento del Programa Familias en Acción y los decretos 518 de 2020 y 1690 de 2020 por los cuales se crea el programa de Ingreso Solidario”, expuso la Procuraduría en un comunicado de prensa.
El 2 de marzo, la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque Urrego dio a conocer el anuncio que 48 mil familias y más de 72 mil menores de edad en condición de extrema pobreza harán parte del periodo de transición a la renta ciudadana. Principalmente, la funcionara destacó que le darán importancia a la población proveniente de Chocó, dado que es el departamento que lidera el índice de pobreza.