La Procuraduría General de la Nación, en una nueva decisión, acaba de solicitar a todos los alcaldes y gobernadores del país para que, en su calidad de primera autoridad del orden público, “dispongan de las actuaciones administrativas para la garantía del protocolo de capturas y traslado de protección, durante el desarrollo de las jornadas de protesta”.
“El requerimiento exige la inmediata implementación del Centro de Traslado por Protección para la ubicación de los ciudadanos, quienes, de acuerdo con el mencionado protocolo, no podrán ser enviados a las unidades de Policía (estaciones, subestaciones o comando de atención inmediata- CAI ), dado que la medida aplicada es de naturaleza protectora y no sancionadora”, señaló el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, Javier Sarmiento Olarte.
De igual manera, cada ente territorial deberá asignar, en coordinación con las secretarías de salud, los centros médicos para la atención de los ciudadanos, de acuerdo con el estado de salud en el que se encuentren.
Cabe recordar que el Ministerio Público activó un link en la sección de canales de atención de la página web para consultas de información sobre las actuaciones policiales durante las manifestaciones. Este servicio permite a los ciudadanos encontrar información del funcionario que realizó el procedimiento judicial, la fecha, hora y datos de la persona capturada o trasladada por protección en el marco de la protesta social.
A propósito de protestas, el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, pasarán dos cosas: se instalará la última legislatura de este Congreso y habrá una nueva jornada de paro con movilizaciones por todo el país. A pesar de la pandemia y las altas cifras de contagios, las protestas se reactivarán. Ese día, sin duda, serán protagonistas dos proyectos de ley que se radicarán en el Legislativo y que podrían ser el detonante de más manifestaciones. Ambos pretenden regular la protesta social.
El presidente Iván Duque tiene lista una iniciativa cuyo objetivo es contener el vandalismo. Sin embargo, la propuesta podría quedarse en un mero anuncio porque varios sectores han expresado que existen herramientas para combatir los actos por fuera de la ley en las protestas sociales. “Lo que hay regulado ya está en el Código Penal, lo otro ya está en el Código de Policía”, dijo el abogado Iván Cancino, quien augura el naufragio de esta iniciativa.
SEMANA conoció el proyecto, que tiene 18 artículos y que propone prohibir totalmente las capuchas. Según el texto, esconder la identidad de los manifestantes se presta para desmanes y vandalismo, y plantea sanciones económicas, pedagógicas y punitivas para quienes no se acojan a la norma. Además, se busca prohibir los elementos que atentan contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública. Otro artículo dice que las marchas no podrían realizarse a 500 metros de distancia de hospitales, aeropuertos o bienes considerados patrimonio cultural. Si esto ocurre, habrá multas o trabajos sociales para los manifestantes. El senador Gómez tiene la certeza de que el proyecto suscitará un amplio debate, pero pide que se reglamente lo dispuesto en la Constitución. “Es clave que se adelanten las discusiones para que se defina democráticamente si el proyecto avanza o no”, dijo.