La Contraloría de Bogotá anunció que abrirá un proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de $6.501 millones en la Secretaría de Movilidad Distrital.
La investigación revisará los pagos realizados por la entidad de tránsito entre 2021 y 2024 por consultas al Registro Único de Transporte (RUNT).
Según la Contraloría, estas búsquedas pudieron haber sido evitadas y el gasto “carecía de justificación suficiente”. La información por la que se pagó podía ser consultada en otras plataformas como Simur, Simit, Fénix y Sicon, “lo que pone en duda la necesidad de incurrir en dichos costos”, explicó el organismo de control.
El objetivo es establecer si los pagos vulneraron los principios de eficiencia y necesidad del gasto público. El proceso vinculó a varios exsecretarios y funcionarios de la Secretaría de Movilidad, que no fueron nombrados por la Contraloría. Así mismo, un directivo de ETB tendrá la oportunidad de defenderse.
“Con la apertura de este proceso buscamos establecer si existió o no una afectación al patrimonio público y determinar las responsabilidades correspondientes. Nuestro deber es proteger los recursos de los bogotanos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de necesidad, eficiencia y legalidad”, explicó Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal.
La respuesta de la Secretaría
Ante la apertura del proceso, la entidad publicó un comunicado en el que se refirió a la acusación. Según la Secretaría, aún no existe una decisión de fondo sobre el presunto detrimento ni sobre la responsabilidad de los exfuncionarios vinculados.
También aseguraron que colaborarán con la investigación y brindarán la información requerida por la Contraloría. Además, especificaron que las consultas al RUNT hacen parte de los procedimientos normales de la entidad para sus funciones administrativas, como la imposición de comparendos.
“La información requerida y el volumen para estos procedimientos corresponde a consultas oficiales de datos específicos y no son equivalentes a la consulta gratuita disponible para la ciudadanía”, agregó la Secretaría.
Por último, explicaron que los exdirectivos y contratistas de la entidad, que trabajaban en la misma durante el periodo investigado, ya recibieron las notificaciones del proceso y contarán con garantías para ejercer su defensa.