El paro campesino y de propietarios de predios rurales, adelantado principalmente en Santander, Norte de Santander y Boyacá, duró seis días, pero dejó millonarias pérdidas económicas que, en el caso del comercio santandereano, superaron los 120.000 millones de pesos diarios y afectaron a más de 7.000 pasajeros, según cálculos preliminares de Fenalco.
La insurrección, que causó bloqueos viales y reducción del abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, en especial en ciudades como Cúcuta y Buenaventura, tuvo un detonante principal: el incremento en el avalúo catastral que fue visto por los manifestantes como algo desmedido y que resultó de la actualización automática en el valor de los predios, por una resolución expedida desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, en desarrollo del artículo 49 del Plan de Desarrollo.
La medida, establecida de manera excepcional, con el fin de disminuir la brecha entre el avalúo catastral y el comercial de los predios, impactó a 520 municipios del país, lo que llevó a que algunas familias recibieran facturas del impuesto predial con incrementos significativos, como el reportado en el municipio santandereano de San Gil: una variación de 2.755 por ciento frente a las del año anterior.
Fácil, un pobre paga más predial porque un alcalde no presentó el proyecto de acuerdo municipal para exonerar ese pobre. pic.twitter.com/2KDxgXr2Cs
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 14, 2026
Si bien la actualización catastral era –y seguirá siendo– una tarea impostergable, pues había poblaciones como Jericó en Boyacá que tenían 34 años de no revisar las valorizaciones de los predios, la situación registrada en los primeros días de abril evidenció el distanciamiento entre la Nación y las regiones para articular las políticas públicas.
Además, hubo errores por parte del Igac, que en medio de las mesas de negociación instaladas para conjurar el paro, fueron reconocidos, pues el llamado catastro multipropósito, del que se viene hablando desde el gobierno de Juan Manuel Santos, debe ser una herramienta integral para el ordenamiento del territorio. Por lo tanto, la actualización de los predios no podía ser solo parte de un paquete que el Igac llamó zonas homogéneas físicas en las que agrupó predios con características similares. Si el catastro tiene un fin multipropósito, aunque acá se trataba de poner en marcha una resolución derivada del mismo, debió valorar también otras condiciones; por ejemplo, si el predio contaba con agua, vías de acceso y otros desarrollos.
Así lo señala Juan Antonio Nieto, quien fuera director del Igac en la época en la que se inició el catastro multipropósito. “La herramienta fue concebida para poder saber qué tenemos; es lo que se denomina virtudes de los predios. Además, se planteó que debe contribuir con insumos para el fondo de tierras, dentro de la reforma agraria, tratando de desatar la incógnita del número de baldíos existentes”.
De paso, según agrega Nieto, aunque no es el objetivo principal de la actualización de los avalúos, se fortalecen las finanzas municipales, porque se incorporan nuevos predios rurales a las bases catastrales o se actualiza el mapa haciéndolo más acorde con la realidad, pues es bien sabido que hay tierras que cambiaron de vocación; por ejemplo, eran pastizales y ahora son grandes fincas de recreo para explotación turística.
“El tema de tierras es muy sensible y, después de la aprobación del catastro multipropósito, comenzaron a lloverle obstáculos con los que se buscaba evitar su aplicación”, expresa el exdirector del Igac.
La resistencia para la actualización de los avalúos, en parte, ha provenido de la misma política regional, pese a que las consecuencias son para los mismos municipios, como lo evidencian las estadísticas, según las cuales el valor total de todos los inmuebles del país es de 1.989 billones de pesos, y 779 billones corresponden solo a Bogotá, que mantiene actualizado el catastro porque, entre otras, lo maneja de forma independiente del Igac.
Entretanto, 952 municipios de categoría 6 –los más pequeños y con menor capacidad financiera– apenas suman un valor de 168 billones de pesos. Según estadísticas del Igac, el rezago en la actualización se concentra en la zona rural y alcanza, en promedio, 15 años.
Además, mientras el avalúo debería equivaler al 60 por ciento del valor comercial del inmueble, el promedio se ubicaba en 16 por ciento. En términos prácticos, un predio con un valor de mercado de 100 millones se debía avaluar en 60 millones, pero figuraba por apenas 16 millones.
La crisis del predial
Ya en Colombia se tenía el antecedente de una crisis del predial como la que se suscitó en días pasados en varias zonas del país. Entre 2021 y 2022, en Soacha (Cundinamarca) se realizaron actualizaciones en los avalúos, tras 20 años de rezago, lo que generó incrementos de hasta 500 por ciento en el predial. La situación desencadenó en protestas con bloqueos en la Autopista Sur, una de las salidas de Bogotá con mayor flujo vehicular.
Ahora, con un panorama social similar, pero más agudo, porque los afectados son principalmente los habitantes rurales, la situación pasó a mayores.
El argumento del Gobierno sigue siendo la identificación del valor real de los predios, principalmente de los grandes latifundios que, por la desactualización catastral, están pagando menos impuestos que una familia vulnerable en la zona urbana.
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Pero el resultado fue el impacto indiscriminado en el bolsillo de la población del campo. De la noche a la mañana, fue como si el propietario de unas hectáreas de tierra en la zona rural se volviera millonario, pero solo en el papel. Tanto así que el impuesto predial que surge del avalúo se terminó viendo como una expropiación. Muestra de ello es que en 27 municipios de un departamento como Bolívar se reportan casos de predios con incrementos en avalúos de 200.000 por ciento, lo que incrementó el impuesto mucho más allá del límite que puede tener el alza del predial: no puede ser superior al 50 por ciento del impuesto que se pagó en el año anterior.
Así las cosas, para Luis Fernando Mejía, CEO de la consultora Lumen y exdirector de Planeación Nacional, el problema fue de implementación. “El rezago era tan grande en muchos territorios que la actualización inevitablemente iba a generar tensiones, pero faltó más capacidad institucional, mejor coordinación y mayor pedagogía para manejar esa transición”.
Desde la perspectiva de Mejía, hubo otra falla: “Se terminó confundiendo ante la opinión pública la actualización catastral con el aumento del predial, y eso amplificó el malestar. La dificultad, entonces, no estuvo en el objetivo, sino en el aterrizaje”.
Para dirimir el conflicto, en medio del estallido del predial, se instalaron rápidamente mesas de diálogo, pues el país está ad portas de unas elecciones, lo que hace que una sublevación social resulte más inconveniente para un gobierno que en cualquier otro momento.
Aun así, no faltó el persistente rifirrafe Nación-Región. El presidente Gustavo Petro no solo recordó que la implementación del catastro multipropósito, que es el que lleva a la actualización del avalúo, es parte del acuerdo de paz firmado entre Santos y las Farc, sino que enfatizó en que, desde la instancia nacional, no se establecen las tarifas, pues eso le corresponde a los consejos municipales.
Igualmente, generó controversia, tras asegurar que adelantaría acciones legales y disciplinarias contra alcaldes que no bajaran el impuesto o que no gestionaran el fin de los bloqueos.
En respuesta, la Federación de Municipios hizo un llamado a buscar una salida, al tiempo que afirmó que la situación no podía ser atribuida a los alcaldes, pues deriva del artículo 49 del Plan de Desarrollo del Gobierno.
A recalibrar
El incremento desmedido del impuesto predial no es la única consecuencia que temen los ciudadanos, tras la actualización de los avalúos de las propiedades.
De hecho, el columnista Jorge Enrique Vélez habló de que el catastro, pese a que ahora se le llama multipropósito, volvió a ser fiscalista. En parte, porque la valorización de algunos inmuebles los dejaría sujetos al impuesto al patrimonio, pero en las cuentas del Igac solo un 0,3 por ciento resultó con un avalúo superior a 1.000 millones de pesos (ese tributo se paga a partir de 3.000 millones de pesos).
El fin del paro, en medio de las dudas alrededor de las resoluciones que llevaron a los cobros impagables del predial, se dio porque el Igac se comprometió a revisar y recalibrar, solo en casos de predios que resultaron con cargas exageradas en el impuesto. Queda el interrogante de si la solución será definitiva o el incendio social se volverá a avivar en cualquier otro momento.