Procuraduría pide garantizar atención a víctimas de artefactos explosivos

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, urgió garantizar asistencia médica para las personas heridas por accidentes con Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos de Tipo Improvisado (AEI), así como fortalecer las medidas de reparación integral para estas víctimas.

La petición fue extendida a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad para la Atención y Reparación Integral de la Víctimas, gobernadores, alcaldes, personeros y procuradores regionales y provinciales.

Se trata de una directiva a través de la cual, la jefe del Ministerio Público, solicitó al Alto Comisionado para la Paz estructurar el Estándar Nacional de Asistencia Integral a las Víctimas en estos casos, y establecer criterios para tratar los casos con humanidad, sin distinción de raza, color, religión, creencia, sexo o lugar de nacimiento.

La Procuradora Cabello recomendó a la Superintendencia Nacional de Salud vigilar y emitir instrucciones claras a las instituciones que están bajo su cargo, para que garanticen la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral y continua de las víctimas.

Además, advirtió al Ministerio de Salud expedir lineamientos para garantizar el traslado de las víctimas hasta las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) más cercanas; la atención en urgencias sin autorización previa ni solicitud de documentos; y el apoyo de las secretarías municipales, distritales y departamentales de Salud en caso de que las personas no se encuentren afiliadas al Sistema General de Seguridad Social.

La jefe del Ministerio Público también se dirigió a las administraciones municipales y departamentales, con la finalidad de que estas establezcan parámetros para que los ciudadanos puedan informar la ocurrencia de accidentes y de esta forma se activen las rutas de atención.

Con la Directiva, señala la Procuradora, se busca propiciar soluciones a los conflictos sociales y políticos para defender las garantías fundamentales y los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, los artefactos explosivos son solamente una parte de varias situaciones en el conflicto. En el caso de las minas gran parte de las víctimas son miembros de la Fuerza Pública.

Según registros de la Armada Nacional de Colombia, 33.462 miembros de la institución y sus familias fueron víctimas del conflicto armado entre 1985 y 2019. Las principales afectaciones que sufrieron fueron desplazamiento forzado, minas antipersonal y homicidio.

En el informe ‘Armada Nacional, militares víctimas del conflicto armado interno en Colombia’ se analizaron datos estadísticos producto del cruce de información de las bases de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Sistema de Información Talento Humano (SIATH) de la Armada Nacional. La investigación arrojó que entre 1985 y 2019 se presentaron 272 víctimas de minas antipersonal, 538 desapariciones, 121 secuestros y 26.379 casos de desplazamiento forzado tanto de manera directa como indirecta a sus familias.