Para la Procuraduría General, no se puede aceptar la oferta del empresario Carlos José Mattos Barrero para reparar a la Fiscalía General y el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el proceso que se le adelanta por sus salidas de la cárcel para atender asuntos personales.
Hace unos pocos días, la Fiscalía formalizó ante la jueza 42 de control de garantías el principio de oportunidad que firmó con la defensa del empresario en este caso. En la negociación se fijó la entrega de unas camionetas blindadas para el uso de los funcionarios del ente investigador y el organismo carcelario.
En la presentación del principio se señaló que los vehículos de alta gama serían puestos “a disposición para labores de custodia, logística y transporte de personas privadas de la libertad”.
Los vehículos que serán entregados en “donación” tendrían un valor cercano a los 390 millones de pesos y cuentan con “dirección y asistencia electrónica, frenos delanteros y traseros de disco, sistema ABS, distribución electrónica de frenado, control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendiente y luces delanteras, además de luces diurnas (…) Dos airbags, cinturones de seguridad, un sistema de alerta de colisión frontal. El equipamiento exterior incluye dos puertas laterales y una puerta trasera de apertura vertical”.
Sin embargo, para el procurador del caso, esta “donación” —pese a lo manifestado por la Fiscalía— no se cumplen varios de los requisitos de un principio de oportunidad, hecho por el cual la negociación no puede ser avalada.
Igualmente, no se considera pertinente la entrega de los carros por parte del empresario, quien actualmente cumple dos penas por haber sobornado a funcionarios y empleados de la Rama Judicial para resultar beneficiado en unas medidas cautelares.
Mattos fue imputado en 2024 por los delitos de peculado por uso y prevaricato por omisión por utilizar de manera indebida los permisos para asistir a citas médicas en Bogotá.
Según un reportaje periodístico publicado en marzo de 2022, Mattos salía de la cárcel La Picota rumbo a una oficina ubicada en la calle 100 con carrera 19, donde atendía asuntos personales; entre estos, reuniones con clientes, inversores y sus abogados.
Después de que estallara el escándalo, se le cancelaron varios de los permisos que tenía y desde la dirección del Inpec se ordenó la revisión de las salidas.
La audiencia continuará el próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 9 de la mañana con la intervención de la defensa del empresario.