Una licitación para un millonario contrato destinado al transporte aéreo, a través de helicópteros en Ecopetrol, se convirtió en un lío judicial que se suma al listado de procesos en contra de Ricardo Roa, expresidente de la estatal petrolera y exgerente de la campaña Petro presidente 2022.
En el proceso contractual se advirtió por parte de uno de los proponentes que Ricardo Roa afectó y restringió la libre competencia al fijar, a través de la oficina correspondiente, las condiciones para un millonario contrato que, básicamente, se habría ajustado a los requerimientos y especificaciones de un solo contratista.
Quienes denunciaron advirtieron también sobre supuestos hallazgos de otras entidades que explicarían por qué Ecopetrol omitió una obligación en la contratación pública, solo con el objetivo de garantizar la contratación a un solo proponente. La denuncia llegó a la Fiscalía, que en menos de tres meses tomó la determinación de archivar la investigación.
Rápidamente, los afectados solicitaron a la misma Fiscalía desarchivar el proceso, tras advertir que hay elementos de pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad que tendría Ricardo Roa en los hechos materia de investigación y no descartar de plano la ocurrencia de algunos delitos. La solicitud fue rechazada por el ente acusador.
La Procuraduría acompañó la solicitud de desarchivo de una investigación contra Ricardo Roa por contratos para el servicio de helicópteros en Ecopetrol. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/wQy0oBwlbR
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026
“La Fiscalía cerró prematuramente una investigación compleja que comprendía 14 años, siete procesos de selección, cuatro empresas y varias personas investigadas, aplicando además un estándar equivocado: en lugar de limitarse a establecer si existían circunstancias objetivas que permitieran caracterizar los hechos como delito, habría efectuado valoraciones propias de una decisión de fondo y exigido prácticamente que la víctima demostrara la responsabilidad penal”, dijo el abogado Julián Quintana, representante de la empresa Helicol.
Fue necesaria una acción de tutela para insistir, ahora con la judicatura, en la necesidad de instalar unas audiencias para escuchar a todas las partes que, en el caso de los afectados, era desarchivar la investigación y exigirle a la Fiscalía continuar las actuaciones en contra de Ricardo Roa y el resto de presuntos responsables.
“Uno de los principales cuestionamientos se refiere a un posible patrón de direccionamiento contractual. Entre los elementos destacados aparece la modificación sucesiva de requisitos técnicos, como la antigüedad permitida de las aeronaves, que pasó de cinco años en 2011 a 27 años en 2024, así como cambios en los tiempos de disponibilidad y alistamiento”, insistió el abogado Quintana.
Este lunes fue la Procuraduría la que advirtió que a la Fiscalía le faltó explicar con mayor detalle los argumentos para archivar la investigación, cuando hay asuntos que no quedaron muy claros o qué abren un espacio para dudas.
De ahí la necesidad de mantener activa la investigación para descartar con contundencia y evidencia por qué archivar la investigación.
“Una situación que debe tener una explicación por parte de la Fiscalía, una explicación razonable, y qué decir del problema de la antigüedad de las aeronaves. Sucede que otro tanto, y es un criterio que el Ministerio Público comparte, ni más faltaba, que establecer un tiempo máximo de vida de los helicópteros para efectos de poder licitar tenía como propósito proteger la vida y la seguridad de los funcionarios, de las personas que se desplazaron”, señaló la Procuraduría.
Con la intervención de la Fiscalía, las víctimas y la Procuraduría, ahora la decisión de desarchivar la investigación en contra de Ricardo Roa está en manos de la judicatura y concluir si los argumentos de las víctimas son suficientes para reactivar el proceso o confirmar la decisión de la Fiscalía.