A Ricardo Roa, quien fue durante cuatro años presidente de Ecopetrol, la empresa más importante del país, y tuvo el cuestionado cargo de gerente de la campaña Petro Presidente 2022, le están pasando una costosa factura los multimillonarios movimientos injustificados desde cuentas personales, justo en época de campaña electoral, que no ha logrado explicar. El tema es espinoso: Roa estaría involucrado, según las investigaciones de la Fiscalía, en el delicado delito de lavado de activos.
SEMANA conoció un documento confidencial de la Fiscalía en el que se pide investigar al otrora poderoso presidente de Ecopetrol por este delito que tiene graves implicaciones en Colombia, pero, sobre todo, en Estados Unidos.
“Con el fin de determinar el origen presuntamente ilícito de los recursos mencionados y la materialización de conductas específicas de lavado de activos, se evidencia la necesidad de adelantar un análisis financiero especializado sobre el comportamiento patrimonial y transaccional de los investigados, particularmente respecto de Ricardo Roa Barragán”, se lee en el explosivo documento.
El argumento para acusar a Roa, según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, no deja duda por el rol que cumplió en la campaña Petro presidente 2022: “Por ser la persona directamente señalada en la denuncia como presunto administrador de los recursos objeto de cuestionamiento y sobre quien recaen los principales señalamientos relacionados con movimientos financieros de alta cuantía y operaciones que, según el denunciante, resultarían inconsistentes con su capacidad económica conocida”.
La Fiscalía ha venido recogiendo y unificando las diferentes denuncias y pruebas que han llegado por diferentes medios y así han logrado reconstruir lo que puede ser una maniobra de lavado de activos de la mano de su pareja, Julián Caicedo Cano, que en principio plantea la escandalosa cifra de 63.000 millones de pesos.
“La denuncia atribuye a Ricardo Roa Barragán, en su condición de gerente de la campaña presidencial, la presunta administración y manejo de productos financieros a través de los cuales se habrían movilizado aproximadamente 63.677 millones de pesos entre enero y junio de 2022, cifra que resultaría significativamente superior a los movimientos financieros históricamente asociados al referido ciudadano”, se lee en el documento reservado de la Fiscalía.
La génesis de la investigación que tiene a Ricardo Roa contra las cuerdas y sin el apoyo del Gobierno que lo protegió es una denuncia del abogado Sergio Alzate ante la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que presentó las irregularidades en los movimientos bancarios del hoy cuestionado Roa.
“Según la denuncia, Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de la campaña presidencial, habría participado en la apertura, administración o manejo de cuentas financieras paralelas destinadas al recaudo y movilización de recursos relacionados con la actividad electoral”, advierte el documento que pide la investigación por lavado de activos.
El asunto está documentado por la Fiscalía y plantea que “Roa Barragán entre 1995 y 2021 reflejaba movimientos aproximados por $10.000 millones, mientras que entre el 26 de enero y el 1 de junio de 2022 (época de campaña electoral) habría movilizado cerca de $63.677 millones mediante siete productos financieros, principalmente en la Cooperativa Financiera Confiar y la Cooperativa Financiera Coofinep”.
Llama la atención que no son movimientos que se hayan realizado en la cuenta oficial de la campaña, sino en cuentas personales de Roa, a donde llegaron millonarios créditos que fueron pagados en poco tiempo, sin que el expresidente de Ecopetrol tuviera la capacidad económica para saldar esas deudas.
En la investigación de la Fiscalía también se reportan extraños movimientos internacionales de recursos entre enero y junio de 2022 por valores superiores a 1.500 millones de pesos en egresos y aproximadamente 1.700 millones en ingresos. Las operaciones involucrarían países como Estados Unidos, Panamá, Brasil, Honduras y las Antillas Neerlandesas.
Los procesos contra Roa, terminado el Gobierno Petro, parecen haberse acelerado y así lo constata la solicitud en el documento de la Fiscalía que recoge los diferentes procesos y plantea avanzar en lo referente a los movimientos de las cuentas de campaña.
“De acuerdo con los resultados relacionados en el informe de campo, se estableció la existencia de noticias criminales donde se viene investigando la campaña presidencial de Gustavo Petro, la presunta recepción de recursos no reportados, financiación mediante fuentes prohibidas y posible superación de los topes electorales legalmente autorizados, investigaciones en las cuales se menciona de manera expresa a Ricardo Roa Barragán como gerente de campaña”, advierte el documento en poder de SEMANA.
Con este argumento, la Fiscalía reclama “verificar el origen económico, soporte documental y justificación financiera del dinero que ingresó a la campaña Petro Presidente 2022, gerenciada por Roa”.
Pero los líos judiciales para Roa no terminan ahí; en la búsqueda y unificación de los procesos, la Fiscalía tiene la lupa sobre denuncias como la presentada por la exsenadora y ministra de Cultura, Paola Holguín, en la que sostiene que “habrían ingresado recursos a la campaña que no fueron reportados a las autoridades electorales, posiblemente provenientes de fuentes prohibidas, y que además se habrían superado los topes legales de financiación”.
En este caso, el único denunciado no fue Roa, también la exvicepresidenta Francia Márquez Mina y María Lucy Soto Caro, quien ha pasado de agache, pero fue la auditora de la campaña y luego fue premiada con el cargo de secretaria general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Hay otro asunto complejo, esta vez por su gestión como presidente de Ecopetrol y la presunta solicitud de millonarias coimas a cambio de contratos. En este caso, el denunciante es nada menos que la Contraloría General de la República por “presuntas conductas de corrupción en Ecopetrol, tales como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y recepción de comisiones ilegales derivadas de contratos de la empresa estatal”.
SEMANA conoció que Ricardo Roa, en voz baja, está haciendo acercamientos con la Fiscalía para una eventual colaboración que implique beneficios jurídicos. ¿Ahora que está contra las cuerdas, prenderá el ventilador?