Estas fueron las amenazas y presiones que denunció el expresidente de Hocol por parte de Ricardo Roa y su pareja sentimental

En una extensa audiencia, que se partió en dos partes, el expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas Cuellar, fue avalado como víctima en el proceso penal por el delito de tráfico de influencias que se adelanta contra Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol.

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No en vano, en varias oportunidades Luis Enrique Rojas ha señalado y denunciado ante la misma Fiscalía General las amenazas que recibió por supuestos emisarios de Roa por no aceptar sus pretensiones para el direccionamiento de contratos.

En la audiencia que se celebró este jueves 20 de agosto, la defensa del ingeniero Luis Enrique Rojas, liderada por el penalista Diego Henao Vargas, puso de presente varios hechos que afectaron la integridad del expresidente de Hocol.

Los hechos se presentaron en septiembre de 2024 cuando, —según reza una denuncia—, Ricardo Roa le hizo especial énfasis en el proyecto de la regasificadora de Ballena y Chuchupa para que fuera direccionado, sin justificación alguna, a la empresa Gaxi.

Esta empresa tenía como representante a Juan Guillermo Mancera, una de las personas que habrían tenido injerencia en la polémica compra de un lujoso apartamento en el sector del Chicó, en el nororiente de Bogotá, hechos por los cuales Roa está sentado en el banquillo de los acusados por un presunto tráfico de influencias.

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En el proyecto en mención, existía un gran interés por parte de Julián Caicedo, pareja sentimental de Ricardo Roa, y quien ha sido señalado en otros escenarios como una de las personas más influyentes y poderosas dentro de Ecopetrol.

“Luis Enrique Rojas Cuellar no fue un tercero ajeno a los hechos investigados, su Señoría (...), sino una persona que, en razón de las funciones que desempeñaba en Hocol S. A., tuvo conocimiento y participación directa en las decisiones relacionadas con el proyecto de regasificación de Chuchupa y Ballena”, aseguró Henao.

Rojas, quien fungió como presidente de Hocol entre el 29 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, tenía conocimiento directo del proyecto.

“En ejercicio de esas funciones empezó, igualmente, a intervenir en asuntos relacionados con los proyectos estratégicos de Hocol, entre ellos los vinculados a los campos, específicamente Chuchupa y Ballena. Y aquí es donde empiezan a darse las primeras presiones para beneficiar a la empresa Gaxi”, señaló el abogado.

“Desde finales de septiembre, y de la manera más intensa desde octubre de 2024, el señor Ricardo Roa y el señor Julián Caicedo comenzaron a ejercer presión sobre Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, para que el proyecto relacionado con Hocol, para que el proyecto relacionado con la gasificadora de Ballena y Chuchupa fuera direccionado a la empresa Gaxi”.

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Tras su oposición a este direccionamiento por considerar que no existía una condición o justificación para eso.

“Luego vienen presiones a otros funcionarios de Hocol. En el mismo contexto, el señor Juan Guillermo Mancera empezó a solicitar información relacionada con el proyecto de regasificación a diferentes funcionarios de Hocol”, citó el jurista. Todos los funcionarios se opusieron al direccionamiento.

Posteriormente, el 18 de febrero de 2025, para ser más exactos, el ingeniero Luis Enrique Rojas fue citado a una reunión con la junta directiva para hablar del mismo tema.

“En los días anteriores a esa junta directiva, el señor Ricardo Roa y Julián Caicedo, en compañía del señor Juan Guillermo Mancera, le manifestaron a mi representado que dicha reunión pretendía que se impartieran instrucciones para que el proyecto de regasificación fuera liderado por la empresa Hocol”, reseñó el abogado.

Sin embargo, en la reunión se puso de manifiesto el hecho de que no estaba dispuesto a favorecer a ninguna empresa u oferente. Por esta “posición férrea” empezó una campaña de persecución en su contra, acoso laboral, presiones e intimidaciones para que dejara la compañía.

En más de una oportunidad, citó, personas cercanas a Ricardo Roa le pidieron su renuncia a riesgo de ser despedido, lo que representaría una pérdida de beneficios.

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“Mi representado sostiene que su salida no fue producto de una decisión libre y espontánea, sino el resultado de un progresivo hecho de presiones que comenzó precisamente después de su oposición al direccionamiento del proyecto de regasificación y de sus actuaciones encaminadas a proteger los intereses de la empresa Hocol S. A.”, indicó el defensor.

Llamadas y amenazas

En su intervención, el abogado aseguró que a finales de diciembre de 2024 se presentó un grave hecho. “Un vehículo interceptó la camioneta asignada al esquema de seguridad; el ingeniero Luis Enrique Rojas y dos individuos, aparentemente armados, descendieron para verificar quién se encontraba al interior del vehículo (…) Al notar que no se encontraba dentro de ella, emprendieron la huida”.

Este caso fue denunciado ante las autoridades y se encuentra en la Fiscalía 521 seccional de seguridad pública.

Poco después, Rojas recibió una llamada en la que “una persona se presentó como integrante de una organización guerrillera y le manifestó que había sido contratada para asesinarlo”. Este caso también fue denunciado.

En febrero de 2025, el presidente de Hocol recibió una llamada a su teléfono celular de un abonado “proveniente de Países Bajos”. La persona que le habló le advirtió que no aceptara la presidencia de Ecopetrol.

Como contexto, para ese momento estaba sonando con fuerza la salida de Roa de Ecopetrol y la posibilidad de que el ingeniero fuera el elegido para llegar al cargo.

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“Fue amenazado de muerte por una persona que le exigió no aceptar la presidencia de Ecopetrol, ya que, para ese momento, por especulaciones de prensa o por cualquier razón, estaba supuestamente ternado (…) Entonces le exigía no aceptar la presidencia y abandonar inmediatamente el país, otorgándole un plazo de cinco días para hacerlo. Se le advirtió que si no cumplía dicha exigencia o volvía a declarar contra determinadas personas, sería asesinado tanto él como los miembros de su familia”, recordó el abogado.

Frente a esto, el juez lo reconoció como víctima. Decisión que fue apelada por la defensa de Ricardo Roa, quien consideró que los hechos narrados no tienen relación con lo que está en el escrito de acusación.

La defensa de Roa además indicó que presentará un recurso de nulidad de todo lo actuado. La diligencia judicial quedó para el 25 de noviembre.