Ordenan capturar a dos exfuncionarios del extinto Fosyga casi 20 años después de que operara una red de corrupción

Casi 20 años después de uno de los escándalos de corrupción más sonados en Colombia, ocurrido en el interior del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), la Corte Suprema de Justicia ordenó capturar a dos exfuncionarios del extinto fondo por su presunta participación en la red que defraudó recursos mediante una intermediación irregular en el sector salud entre los años 2006 y 2011.

Casi 20 años después de que comenzara este escándalo, la Corte ordenó capturar a Claudia Patricia Rojas, entonces coordinadora del Grupo de Análisis y Seguimiento de Recobros del Ministerio de Protección Social, entidad que dejó de existir el 4 de mayo de 2011.

Esa misma medida privativa de la libertad se dictó contra Luis Andrés Ruiz Martínez, quien se desempeñaba como ingeniero de sistemas contratista de la misma dependencia de Rojas y socio de una firma de consultores.

La primera decisión relevante dentro del proceso judicial se dio en noviembre de 2020, cuando un Juzgado Penal de Bogotá absolvió a los investigados al declarar ilegal la prueba principal. En ese momento, la Policía ingresó al correo de uno de los procesados en un café internet por sugerencia de una fuente informal y sin orden judicial.

Un año más tarde, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución, profirió una condena por peculado por apropiación y sostuvo que la obtención de la prueba a partir de datos de internet estuvo amparada por jueces de garantías.

Las defensas de los investigados acudieron a un recurso de impugnación especial, en el que argumentaron la prescripción de la acción penal, la vulneración del debido proceso y la violación de varios principios dentro de la investigación judicial.

La Corte Suprema negó parcialmente y le ordenó al Tribunal Superior de Bogotá redosificar la pena de prisión impuesta a Ruiz Martínez. Con esa decisión, el alto tribunal ordenó la captura de Claudia Patricia Rojas y Luis Andrés Ruiz, mientras que Edgar Isaías Medinas, otro de los implicados, quedó excluido del proceso después de que se declarara la prescripción total de la acción penal.

La red de corrupción que operó en el interior del Fondo de Solidaridad y Garantía, hoy conocido como ADRES, estuvo conformada por exfuncionarios del extinto Ministerio de Protección Social, quienes habrían gestionado de manera irregular el pago de recobros presentados por EPS para medicamentos, servicios y equipos tecnológicos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).