La Procuraduría confirmó que formuló cargos a 17 exconcejales (2020 – 2023) de Soacha, Cundinamarca, “por las presuntas irregularidades en que incurrieron al autorizar al alcalde para constituir una sociedad de economía mixta para la operación del servicio catastral, para la que además se comprometió el uso de recursos públicos”.
Los concejales que habrían votado de manera positiva el proyecto para la conformación de una economía mixta fueron, Juan Carlos Arias Cante, Ruth Yolanda Ariza Gil, Terry Mauricio Bogotá López, Edgar Cárdenas González, Norberto Cuenca Rivera, Joel de los Ríos Ocampo, Heiner de Jesús Gaitán Parra, Jazmín Olarte Guayambuco, Carlos Alberto Ospina Díaz, Alberto Plazas Balaguera, Jorge Giovanni Ramírez Moya, Juan Rodrigo Rivera Tapiero, Wilson Andrés Rodríguez Fonseca, Néstor Enrique Rozo Escobar, Jaime Ulises Sepúlveda Duarte, Hernán Darío Soto Varón y Jonnathan Andrés Vela Rodríguez.
“Los servidores pudieron incurrir en una falta disciplinaria al omitir el cabal cumplimiento de sus deberes y pasar por alto que en lugar de lo solicitado por el mandatario local, se debieron ceñir a lo exigido por la ley y conformar una sociedad de tipo industrial y comercial del Estado”, dijo el órgano de control.
Así mismo, explicó la Procuraduría que: “el alcalde de Soacha, una vez obtuvo el aval del Concejo, junto con otra persona jurídica, constituyeron la sociedad de economía mixta denominada Catastro Avanza, sociedad por acciones simplificada y con el objeto de ofrecer servicios públicos catastrales tanto para el municipio como para otros territorios”.
De igual manera, el Ministerio Público dijo que de comprobarse la actuación, posiblemente irregular de los concejales, serían una culpa grave. “Con su presunta actuación, los 17 exconcejales posiblemente vulneraron el principio de moralidad que rige la función administrativa, por lo que de manera provisional calificó su conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima”, concluyó la Procuraduría.
Otras acciones de la Procuraduría
En otras acciones se conoció que la Procuraduría sancionó a una exgerente de Metrolínea de Bucaramanga por sobrecostos en un contrato para adecuar los parqueaderos del Sistema Integrado de Transporte Masivo.
“La Procuraduría General de la Nación sancionó con el pago de ocho meses de salario devengado a la exgerente de Metrolínea S.A., Laura Cristina Gómez Ocampo, y a la exdirectora técnica de Infraestructura, Clara Isabel Guerrero Ariza, por anomalías en un contrato bilateral con Azarías S.A.S”, dijo el ente de control.
Según la Procuraduría, “la exgerente participó en la actividad contractual del negocio jurídico 088 de 2015 con el objeto del cerramiento y adecuamiento provisional de parqueaderos de buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) en un lote”.
La Procuraduría señaló que se ratificaron “los sobreprecios en los ítems por casi $18 millones para los materiales comunes, la instalación para la excavación manual, las vigas de amarre de piso en concreto y en las láminas de zinc para el cerramiento perimetral; sin que existiera un soporte documental a los valores expuestos; por lo que, no optimizó los recursos públicos al avalar un negocio jurídico sin verificar los altos costos”.
“Se evidenció que Guerrero Ariza, quien fungía supervisora de la ejecución del contrato, suscribió dos actas para modificar las cantidades de los recursos solicitados para la obra, sin un soporte de cotizaciones o estudio de mercado que permitieran verificar la razón de los cambios en los precios y así, determinar el valor real del mercado”, señaló la Procuraduría.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría delegada de Juzgamiento 2 calificó la falta de las servidoras públicas como gravísima, a título de culpa grave por vulnerar los principios de responsabilidad, eficacia y economía.