Este martes, la Fiscalía General le solicitó a un juez de control de garantías de Bogotá enviar a la cárcel a tres implicados en el robo de 16 camionetas blindadas que había adquirido la Unidad Nacional de Protección (UNP) para los esquemas de seguridad de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Durante la petición, la Fiscalía General reveló varias pruebas frente a la planeación y ejecución del robo registrado el pasado fin de semana en un parqueadero ubicado en el norte de Bogotá. En su relato detalló la forma en que se adelantó la ubicación de los vehículos y se realizó la captura de tres personas que los estaban cuidado.
“Seis sujetos emprenden la huida, logrando interceptar a tres de ellos: Germán Alexander Moreno Bolívar, Jairo Alfonso Rojas Ballén y Brayan Alfonso Rojas Muñoz”. Tras su detención, en el barrio Jackeline, son trasladados a la estación de policía donde aseguraron que nada tenían que ver con el robo y que habían sido contactados para arreglar unos vehículos en el taller en el que trabajaban.
Pese a que este martes se declararon inocentes existe la gran probabilidad que dos de los detenidos adelanten una negociación con la Fiscalía General entregando detalles del “cliente” que los contactó para que les hiciera “un arreglito a unas camionetas”, así como de otras personas que habrían participado en los hechos.
Y es que pese a que se certificó el robo, las autoridades están buscando establecer quién planeó esta acción delictiva y quiénes eran los potenciales clientes de estas camionetas avaluadas en aproximadamente 6.500 millones de pesos.
La fiscal del caso no dudó en señalar que estas personas hacen parte de una “sofisticada organización delictiva” que planeó durante semanas el robo, haciéndole seguimiento minucioso al transporte de estos vehículos blindados de alta gama. Para el robo incluso se favorecieron del pleito legal que existía entre la empresa encargada del esquema de seguridad de los magistrados y el exportador.
Incluso, varias camionetas estaban en un proceso de embargo debido a que no cumplían con distintos requisitos exigidos para la seguridad y protección de los magistrados.
La Fiscalía les imputó los delitos de hurto calificado, receptación y secuestro simple. Tras la pregunta del juez, se declararon inocentes. Hasta la fecha se han recuperado 11 de las 16 camionetas hurtadas.