Una denuncia que aterrizó en la Fiscalía alertó sobre presuntos hechos de corrupción en la firma de millonarios contratos para los servicios aéreos en Ecopetrol durante la administración de Ricardo Roa. Las advertencias señalaron eventos que, a criterio de los denunciantes, tenían que ser materia de investigación.
La Fiscalía adelantó una investigación que permitió descartar las presuntas irregularidades y, en consecuencia, ordenó el archivo de la denuncia, así como el proceso que arrancó contra el entonces presidente de Ecopetrol. La decisión no cayó en gracia a los denunciantes, que insistieron ante la justicia en mantener vivo el proceso.
“Aplicando además un estándar equivocado: en lugar de limitarse a establecer si existían circunstancias objetivas que permitieran caracterizar los hechos como delito, habría efectuado valoraciones propias de una decisión de fondo y exigido prácticamente que la víctima demostrara la responsabilidad penal”, dijo el abogado Julián Quintana, representante de la empresa Helicol.
El proceso terminó en un juzgado con la solicitud de los denunciantes de desarchivar el proceso y los argumentos de la contraparte, incluso de la Fiscalía, para insistir en que no existían elementos de pruebas suficientes o evidencia que lleve a la necesidad de reabrir el proceso que fue archivado por decisión del ente acusador.
Un juez confirmó el archivo de la investigación contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en contratos para transporte en helicópteros. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/sBODlc3s6u
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 8, 2026
“Considera que la solicitud del apoderado de víctimas carece de argumento fáctico y jurídico. La decisión de archivo fechada el 22 de agosto de 2025 se fundamentó en un análisis crítico y valorativo de las evidencias recaudadas en la etapa de indagación. Indica que no se trata de ninguna omisión en la verificación de los hechos, sino en una constatación objetiva de que la conducta denunciada no reúne los requisitos del tipo penal, razón por la cual se dio la aplicación al artículo 79 del C. P. P.”, señaló la Fiscalía.
La defensa de la contraparte, en cabeza del abogado Juan Manuel Valcárcel, aseguró que los denunciantes no aportaron elementos nuevos a la investigación que motivaran el desarchivo del proceso ni obligaran a la Fiscalía a mantener el expediente activo por lo menos para establecer la responsabilidad que trataron de dibujar en la denuncia.
“Analizó una cantidad importante de documentación que hacía parte no solo de la investigación, sino de la denuncia que dio lugar a este proceso. A instancias de la denuncia, el abogado solicitante, el doctor Dani Julián Quintana, en representación de la empresa, no presentó ningún elemento nuevo que permitiera al juez tomar la decisión de desarchivar. Así como tampoco lo presentó ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló el abogado Valcárcel.
Así las cosas, el proceso por las presuntas irregularidades quedó, por orden de la justicia, archivado con una advertencia adicional para evitar el desgaste del sistema cuando no existen elementos de prueba o evidencia nueva que lleve a plantear el desarchivo.