El reclutamiento de menores sigue siendo una de las caras más crueles del conflicto armado colombiano. Los casos de niños y niñas reclutados o utilizados por grupos armados verificados por las Naciones Unidas aumentaron un 300 % en cinco años, según una alerta publicada por Unicef en febrero de 2026. Los últimos datos consolidados por el organismo, correspondientes a 2024, indican que, en promedio, un menor era reclutado o utilizado cada 20 horas en Colombia.
Detrás de esa estadística existe una realidad mucho más compleja que la imagen de un menor sosteniendo un fusil. Unicef advierte que la pobreza, la falta de acceso a educación y servicios sociales, la violencia en los hogares y las escasas alternativas en algunos territorios aumentan la vulnerabilidad.
Hay menores que buscan ayudar económicamente a sus familias, otros son amenazados o separados de sus cuidadores y algunos son engañados con falsas promesas de empleo o de una vida mejor. Los grupos armados también recurren a las redes sociales para acercarse a ellos.
Una vez adentro, regresar a casa no necesariamente es una opción
La Comisión de la Verdad encontró que los grupos armados utilizaron diferentes mecanismos para captar menores: la fuerza, el engaño, la persuasión y la manipulación sentimental. El riesgo aumentaba en entornos donde el Estado no garantizaba plenamente los derechos, existía precariedad y las comunidades permanecían sometidas al dominio de actores armados.
La dimensión histórica ayuda a entender la magnitud de la tragedia. La Comisión documentó 16.238 víctimas de reclutamiento entre 1990 y 2017. Debido al subregistro, estimó que la cifra real durante ese periodo pudo estar entre 27.101 y 40.828 niños, niñas y adolescentes.
Las estadísticas dicen cuántos. Los testimonios recopilados en No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado de la Comisión de la Verdad cuentan qué significó vivirlo.
“Primero muerta antes que dejarles mi hijo”
Una de esas historias comienza con un niño de apenas 10 años. Estaba enfermo de una muela, tenía la cara inflamada y su mamá había decidido no enviarlo a estudiar ese día. Entonces, llegaron hombres armados para llevárselo.
El pequeño se aferró a las faldas de su madre y la abrazó por la cintura. Ella tomó un tizón del fogón para defenderlo. Uno de los hombres sacó un cuchillo. La mujer se resistió hasta que otro la pateó y lograron arrancarle al niño de los brazos.
Su relato ante la Comisión conserva la desesperación de aquel momento: “Primero muerta antes que dejarles mi hijo (…) Ahí fue cuando me lo quitaron. Yo sentí morirme. No pensé que se llevaran a mi hijito; estaba enfermito de una muela, tenía la carita inflamada, no lo había mandado a estudiar ese día precisamente por eso. Les pedía que no me lo quitaran, que era la razón de mi vida”.
Ella siguió gritando. Los hombres regresaron, cortaron unos bejucos y la amarraron a un árbol mientras continuaba pidiendo que le devolvieran a su hijo.
La fuerza fue solo uno de los mecanismos. De las 871 víctimas de reclutamiento registradas en 695 entrevistas analizadas por la Comisión, el 78 % correspondía a modalidades individuales y el 22 % a colectivas.
Una madre de Casanare recordó descubrir que su hijo, que cursaba octavo grado, aparecía en una lista junto a decenas de jóvenes que serían reclutados: “Cuando yo la vi, vi que iban a ser reclutados 40 muchachos. Ahí estaba mi hijo, ¡Dios mío! ¡A mí se me unió el cielo con la tierra!”.
La pobreza también fue utilizada para reclutarlos
No todos fueron arrancados de sus casas mediante la fuerza.
Los grupos armados aprendieron a identificar las necesidades de niños y adolescentes, y convertirlas en una herramienta de captación. Promesas de dinero, estudio, trabajo o mejores condiciones de vida podían resultar poderosas para menores que crecían en medio de profundas carencias.
Robinson contó que las Farc-EP aprovecharon precisamente las condiciones económicas de su familia para convencerlo. La propuesta incluía supuestos beneficios para su mamá.
“Éramos unas personas humildes, sin estudio y campesinos (…) Teníamos muy poquitos ingresos, entonces me hicieron esa propuesta, que si ingresaba, mi mamá iba a tener beneficios económicos. Al ver que la familia está sufriendo, pues uno cede. Cualquiera, ¿no?”, contó.
Paula tenía 12 años cuando fue reclutada por el Frente 40 de las Farc-EP en Mesetas, Meta. También hubo una promesa: si no le gustaba la vida dentro del grupo, podría marcharse.
“Me dijeron que iba a tener una vida mejor. Que si no nos gustaba, nos tenían ocho días y nos sacaban. Pero no, llegando allá eran diferentes las cosas”, dijo.
Esa diferencia entre lo prometido y lo que ocurría una vez dentro de las filas atraviesa numerosos testimonios.
“Si no lo mataba, me mataban a mí”
Manuela era una niña indígena nasa y tenía 11 años cuando fue reclutada por las Farc-EP en el Valle del Cauca.
Dentro del grupo no solo presenció la violencia: llegó el momento en que le ordenaron ejercerla.
Le correspondió participar en el fusilamiento de un compañero. Él rogó por su vida y, años después, ella todavía conservaba aquella escena en la memoria: “Ese muchacho quedó enterrado. Él suplicaba que no lo mataran y eso se me quedó. Por un tiempo, yo lo miraba a él y él me miraba a mí con una pistola en la frente. Eso fue un trauma. Fue el primero que a mí me tocó… Si no lo mataba, me mataban a mí”, contó.
La frase que hoy encabeza esta historia muestra uno de los dilemas más brutales del reclutamiento infantil: un menor puede cometer actos violentos dentro de una estructura armada y, al mismo tiempo, estar actuando bajo amenazas, coerción y un sistema que prácticamente eliminó su capacidad de decidir.
“Al que se vuela, lo matan”
Entrar podía ocurrir mediante la fuerza o el engaño. Salir podía costar la vida.
La Comisión recogió la historia de un adolescente reclutado a los 15 años por el Frente 28 de las Farc-EP en Casanare. Pasó aproximadamente dos años dentro del grupo esperando una oportunidad para huir.
Su familia lo veía ocasionalmente cuando pasaba por la vereda: “Decía que no estaba allá porque quisiera, sino que no había la forma de poderse retirar, porque al que se vuela, lo matan. Estaba esperando el momento. Duró aproximadamente dos años; inclusive cuando lo mataron, todavía era menor de edad”.
La oportunidad apareció durante un enfrentamiento con el Ejército. El adolescente escapó junto con otro joven y pasaron tres días sin comer, huyendo y con miedo de encontrarse tanto con miembros de la guerrilla como con militares.
Estaban a unos seis kilómetros de llegar al pueblo cuando el hambre los obligó a buscar comida en una casa. Quienes los perseguían, aparecieron.
“El muchacho salió, vio que venían y le gritó a mi hermano: ‘¡Corra que nos llegaron!’. Él pensó que venían de frente. Corrió por detrás de la casa y se le metieron, y lo fusilaron. El otro se voló”.
Todavía era menor de edad.
La desesperación llevó a otros niños a considerar la muerte como una salida. Laura presenció el suicidio de un indígena de 13 años que había sido reclutado mediante engaños y quería regresar a su comunidad. Milena, reclutada por el ELN, también intentó quitarse la vida.
“Una vez habían dejado un poco de pastillas. Yo cogí y me las tomé todas (…) Yo dije: ‘Si me vuelo, me pillan y me matan, es mejor quitarme la vida’”, contó.
Las niñas y una violencia distinta dentro de las filas
Ser niña añade otras formas de sometimiento.
La Comisión documentó anticoncepción obligatoria, abortos forzados, acoso, violencia y tortura sexual. Algunas menores fueron sometidas a métodos anticonceptivos cuando ni siquiera habían iniciado su vida sexual.
Esperanza tenía 12 años cuando, tras ser reclutada por las Farc-EP, le introdujeron un dispositivo intrauterino sin su consentimiento.
“Algo que recuerdo con mucho desagrado es que te pongan un dispositivo a las malas, sin tú haber tenido contacto sexual; eso es una violación. Para mí eso fue una tortura, sentí que desgarraba mis vísceras”, dijo.
Milena contó que en el ELN la obligaban a ingerir anticonceptivos sin explicarle inicialmente para qué servían: “Tenía que tomarlas, sin saber para qué eran. Me las hacían tomar a la fuerza. Él iba y me las tiraba: ‘Tráguese eso que no es veneno’, y yo: ‘No quiero’. Entonces me pasaba un vasito de agua y cogía y me las mandaba a la fuerza”.
La Comisión también recibió testimonios de niñas sometidas a violencia sexual reiterada dentro de estructuras armadas. El informe concluyó que la experiencia de las menores estuvo atravesada por formas de violencia diferenciadas por su edad y género.
De reclutarlos a utilizarlos como “correos bomba”
Esta semana, el mayor David, quien se presenta en X como oficial del Ejército de Colombia, recordó públicamente dos casos históricos para señalar que la instrumentalización de niños por estructuras armadas ha ido más allá del reclutamiento.
“La práctica contra los niños de estos grupos terroristas va más allá del reclutamiento; tras ponerlos de carne de cañón, a otros, sin reclutarlos, los engañaron para convertirlos en correos bomba”, dijo.
En su publicación, recordó a Heriberto, un niño de 11 años al que, según señaló, integrantes de las antiguas Farc-EP ofrecieron mil pesos para llevar un paquete hasta la estación de la Policía de El Charco, Nariño. El explosivo fue detonado cuando estaba en sus manos.
El oficial también mencionó a Irwin, de 10 años. Según su relato, integrantes del mismo grupo lo engañaron ofreciéndole mil pesos para llevar una bicicleta hasta un puesto de control del Ejército en Fortul, Arauca.
El niño no sabía que la bicicleta estaba cargada con explosivos.
“Lo explosionaron junto a la bicicleta sin piedad. ¡Que no olvide la sociedad!”, escribió el mayor David al recordar ambos casos.
La práctica contra los niños de estos grupos #Terroristas va más allá del reclutamiento; tras ponerlos de carne de cañón, a otros sin reclutarlos los engañaron para convertirlos en CORREOS-BOMBA.
— Mayor David (@MayorDavid_EJC) September 3, 2026
A Heriberto, un niño de 11 años las #FARC le ofrecieron $1000 para llevar un… pic.twitter.com/Do9uHuMUIm
Los episodios ilustran otra dimensión de la utilización infantil: un menor ni siquiera necesita haber sido formalmente reclutado para terminar convertido en instrumento de una organización armada.
El informe de la Comisión dedica un apartado a la utilización de niños y adolescentes por actores armados y documenta, entre otras prácticas, su empleo para transportar armas y drogas, realizar labores de inteligencia y actuar como informantes.
Antes que combatientes, niños
Comprender las condiciones en las que un menor termina dentro de una estructura armada no significa disminuir la responsabilidad de quienes lo reclutan. Es justamente lo contrario.
Unicef advierte que los niños presuntamente vinculados a grupos armados, incluidos aquellos acusados de delitos, deben ser considerados de manera primordial como víctimas de violaciones del derecho internacional, no como perpetradores.
La Comisión encontró además que quienes presentan mayor riesgo de reclutamiento suelen crecer en entornos donde distintos mecanismos de protección ya han fallado: precariedad, violencia familiar, falta de oportunidades y comunidades sometidas al dominio de estructuras armadas.
Eso no convierte la pobreza en una explicación automática del reclutamiento ni elimina la responsabilidad de los grupos. Pero ayuda a comprender por qué una promesa de dinero, estudio, protección o una vida diferente puede adquirir otra dimensión para un niño que siente que no tiene alternativas.
Tres menores muertos y una discusión que volvió al presente
En ese contexto, Colombia volvió esta semana a discutir qué significa que haya menores dentro de estructuras armadas.
Medicina Legal confirmó que tres adolescentes de 15 y 16 años se encontraban entre las personas muertas durante el bombardeo del 27 de agosto contra una estructura de las disidencias de las Farc-EP en zona rural de El Retorno, Guaviare. La operación había sido ordenada por el Gobierno De La Espriella.
Días después, una jueza de Bogotá ordenó provisionalmente al Gobierno, al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares abstenerse de ejecutar bombardeos contra objetivos cuando exista información sobre la posible presencia de menores reclutados o utilizados, mientras resuelve de fondo una tutela.
La medida no constituye una prohibición general de los bombardeos. La decisión también plantea que, ante información sobre presencia de menores, deben valorarse medidas de protección y alternativas menos lesivas.
La controversia ocurre mientras las Fuerzas Militares mantienen operaciones contra estructuras armadas y mientras el reclutamiento infantil continúa siendo una realidad.
Las historias recogidas durante décadas dejan una advertencia que trasciende cualquier gobierno y cualquier discusión sobre una operación militar específica.
Manuela tenía 11 años cuando terminó frente a un compañero al que le ordenaron matar. Un adolescente de 15 años quiso escapar y fue fusilado. Una niña de 12 años recibió la promesa de que podría regresar a casa y descubrió que no era cierto. Una madre terminó amarrada a un árbol mientras gritaba para que le devolvieran a su hijo de 10 años.
Por eso, detrás de expresiones como “integrante de una estructura”, “combatiente” o “baja” puede existir una historia que comenzó mucho antes del fusil.
La de un niño que nunca debió estar allí.
