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Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio (SIC), formuló pliego de cargos por varias prácticas anticompetitivas a empresas y personas vinculadas con la Ruta del Sol 2: el pago de un soborno, el aprovechamiento de un conflicto de intereses, contactos privados y clandestinos con el estructurador y hasta un intento de cartelización.

ESCÁNDALO

La SIC se vino con todo en el caso de la ruta del Sol II

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acusó a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, de participar en el soborno de Odebrecht. También le abrió pliego de cargos a otros altos directivos del Grupo Aval por aprovechamiento de conflicto de interés.

15 de septiembre de 2018

El escándalo de Odebrecht reabre uno de sus capítulos más álgidos en el país y para el sector empresarial colombiano: la participación de José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana, en hechos tan delicados.

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En 2016 se conoció que la multinacional brasileña Odebrecht pagó en 2010 un soborno de 6,5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte y gerente general encargado del Inco, Gabriel García, para asegurarse la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol 2. Desde entonces una pregunta recurrente ha estado en el aire: si Odebrechet actuó sola o con el beneplácito de sus socios. El consorcio ganador de este contrato estuvo conformado por Odebrecht, con un 62 por ciento; Episol, una sociedad filial de Corficolombiana del grupo Sarmiento Angulo, con 33 por ciento; y CSS Constructores, una sociedad nariñense, con 5 por ciento.

La SIC formuló cargos por el pago del soborno de 6,5 millones de dólares contra José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, al considerar que no solo tuvo conocimiento de dicha coima sino que participó en el pago de la misma.

Después de una investigación de más de 20 meses a cargo de su grupo elite contra colusiones, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acaba de formular pliego de cargos por el soborno no solo contra Odebrecht y sus directivos sino también contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo. Considera que este no solo tuvo conocimiento del ilícito sino que participó en el mismo.

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La SIC pudo establecer por las confesiones de los directivos brasileños de Odebrecht y la colaboración del exviceministro García (convertido en delator) que Luiz Antonio Bueno, director de la empresa en Colombia, habría acordado con Melo a nombre de Corficolombiana que, después de pagar el soborno al ‘costeño’ García Morales, “se dividirían el costo del mismo a lo largo del Proyecto, asumiéndolo Odebrecht y Corficolombiana en proporción a su participación en Ruta del Sol Tramo II”. En la resolución se incluye el detalle de que los dos socios mayoritarios decidieron no informar del soborno al grupo nariñense Solarte por tener una participación de solo el 5 por ciento, que consideraron irrelevante.

Odebrecht pagó el soborno entre marzo y septiembre de 2010 vía offshore por medio de su División de Operaciones Estructuradas, el nombre de su departamento de coimas. Además, según el material probatorio existente se pudo establecer que la concesionaria Ruta del Sol le restituyó esos dineros a la compañía brasileña. Y, para la SIC, en estos pagos estaba incluida la porción del soborno que le correspondería a Episol y Corficolombiana. El mecanismo habría consistido en tres giros a una empresa española DCS Management, con la cual habrían suscrito contratos ficticios de asesoría.

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Para poder realizar estos pagos, se requirió la autorización de un representante de Corficolombiana en el consorcio, Mauricio Millán, quien en su declaración afirmó que él encendió las alarmas sobre estos pagos sospechosos, pero que Melo los había autorizado directamente.

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Con esta resolución, la SIC ratifica la decisión de la Fiscalía General, que le había imputado a Melo los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. El alto ejecutivo, que había sido enviado a la cárcel, se encontraba libre pues un juez había determinado que “no representaba un riesgo de obstrucción para el proceso”. En los cargos por el soborno, la SIC no relacionó a más ejecutivos del Grupo Aval pues “no encontró ninguna evidencia sobre la participación de otros directivos del grupo”, afirmó el superintendente Pablo Felipe Robledo en una rueda de prensa.

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, ha reiterado en varias ocasiones que ellos nunca conocieron nada de lo que se acusa a Melo. “Jamás, en ningún momento, él nos informó o nos consultó nada que se pareciera a un soborno”, afirmó en una reciente entrevista en El Tiempo.

Conflictos de intereses

Si bien se descartó que además de Melo otros ejecutivos de Corficolombiana supieran del soborno, la Superintendencia sí le formuló pliego de cargos a altos directivos del Grupo Aval, incluido el propio Sarmiento Gutiérrez, “por haber incurrido en aprovechamiento del conflicto de interés”.

Por esta complicada frase, la SIC se refería a la relación familiar que existía entre Diego Solano, vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval y su esposa María Victoria Guarín Vanegas, quien era la encargada en la Corporación Financiera Internacional (IFC) de estructurar los pliegos del proceso de selección del contratista. Para la SIC esta cercanía fue utilizada para favorecer los intereses del consorcio en temas como las garantías exigidas, el proceso de selección y otros. La SIC no formuló pliego de cargos contra la IFC donde trabaja la doctora Guarín, porque este organismo tiene inmunidad diplomática por ser parte del Banco Mundial.

Sin embargo, el superintendente sorprendió con otra explosiva revelación hallada durante la indagación preliminar. El grupo de investigadores encontró correos y pruebas en donde las empresas Episol, Corficolombiana y Odebrecht intentaron celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar un cartel con sus eventuales competidores, entre los que se encontraban Odinsa, Impreligio y OHL. Primero, propusieron crear un “gran proponente” que pudiera determinar las condiciones del Proyecto Ruta del Sol y que, según ellos, no tuviera que competir por precio. Luego intentaron repartirse entre los proponentes los diversos sectores del proyecto Ruta del Sol para que cada uno de los competidores que se vincularan al cartel empresarial pudiera quedarse con una tajada del ponqué.

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Ese cartel no se consumó pues los competidores no se pudieron poner de acuerdo. La SIC, por lo tanto, se abstuvo de formular pliego de cargos por estos hechos. Sin embargo, para el superintendente Robledo estos “sí ilustran lo que estaban dispuestos a hacer Odebrecht y Corficolombiana y varios de sus más altos directivos para ganar la licitación pública de Ruta del Sol”.

Por último, la SIC encontró otra serie de pagos sospechosos que seguían los mismos patrones mediante los cuales se “reembolsó” el soborno. Estos fueron supuestos contratos con cargo al contrato de concesión por más de 76.434 millones de pesos. Esto probablemente significa que los sobornos de Odebrecht habrían sido muy superiores a los 11 millones de dólares probados hasta el momento.

La SIC también imputó cargos por temas de aprovechamiento de conflictos de interés contra altos directivos del Grupo Aval, incluido su presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. 

Estos pagos sospechosos efectuados entre 2009 y 2015 se hicieron a entidades como Consultores Unidos, Consorcio Bracol, Compañía de Profesionales de Bolsa, Fábrica Latinoamericana de Instrumentos Financieros, entre otras. La SIC dio traslado de estas evidencias a la Fiscalía General de la Nación.

De ser encontrados responsables, la SIC podría aplicarles sanciones que van hasta 78.124 millones de pesos por cada infracción para empresas y hasta 1.562 millones de pesos para personas naturales.

Las actuaciones sobre Melo, Corficolombiana, Episol y otros directivos de Aval en relación al contrato Ruta del Sol II se dan justo el mismo día en que el Instituto Nacional de Vías adjudicó a 5 contratistas obras por 338.219 millones de pesos para el mantenimiento de la vía hasta 2019, cuando finalmente la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tendrá que abrir nuevamente una licitación para la terminación total del proyecto. El nuevo gobierno ha estimado que esto requerirá inversiones adicionales por más de 8 billones de pesos.