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Susana Muhamad, otra ministra que llegó con una demanda contra la Nación

La nueva ministra de Medio Ambiente había emprendido una pelea jurídica para evitar la demolición del Hospital San Juan de Dios y para eso había tomado acciones jurídicas contra el Ministerio de Cultura.


Pocos días después de la posesión del presidente Gustavo Petro se presentó un verdadero terremoto político, tras conocer que su carta para ocupar el ministerio de las TIC, Mery Gutiérrez, era parte en una millonaria demanda contra el Ministerio que iba a presidir. El nombramiento se hizo agua y, sin referirse al tema, el jefe de Estado prefirió echar reversa.

Este lío no es exclusivo de Gutiérrez, SEMANA conoció que la ahora ministra de Ambiente, Susana Muhamad, también tiene, desde hace dos años, una demanda contra la Nación. En su caso, es contra el Ministerio de Cultura, en un tema que está en las vísceras del presidente Petro, que ella acompañó primero como concejala de Bogotá y luego como secretaria de Gobierno de Bogotá: el Hospital San Juan de Dios.

Desde hace dos años está en el Consejo de Estado la demanda en la que pide que se revise un documento que tiene la firma del Ministerio de Cultura, que dejó lista la demolición del edificio, para construir un espacio completamente nuevo. Muhamad, siendo concejal de Bogotá, lideró la acción judicial.

Una cosa es Muhamad en oposición tratando de imponer por vía jurídica la línea de defensa del San Juan de Dios, y otra, muy diferente, como miembro del gabinete de Petro, al tiempo encabezando una demanda contra el Ministerio de Cultura, del gobierno del que forma parte. Esto, cuando menos, le implicaría un impedimento que aún no ha presentado.

¿Qué pasa en este caso? Expertos consultados por SEMANA detallaron que la ministra de Ambiente no está incurriendo en inhabilidad para ejercer su cargo y tampoco está obligada a renunciar a la demanda. Es decir, no existe ninguna irregularidad de Muhamad ante los ojos de la ley.

Lo que sí resulta innegable es que la ministra de Ambiente estaría incurriendo en un dilema ético, pues no estaría bien visto que una ministra siga apareciendo como la demandante de un Ministerio. Tendrá entonces que decidir si da un paso al costado en su pretensión judicial.

Un abogado especialista consultado por SEMANA aseguró que no existe ningún motivo infundado o que motive una investigación de tipo disciplinario o penal, puesto que su cartera no es la directamente implicada, pero considera que lo mejor sería que se alejara de este caso.

El jurista reseñó que, pese a que es una situación similar a la que impidió el nombramiento como MinTIC de Mery Gutiérrez, o al que se presentó en su momento con el Secretario de Gobierno de Bogotá, Raúl Guillermo Asprilla, cuando tenía de forma simultánea una demanda por el relleno sanitario de Doña Juana, en este caso, el Ministerio de Ambiente no tiene implicación directa sobre el San Juan de Dios.

Por el momento, y según se pudo verificar directamente en el Sistema SAMAI del Consejo de Estado, hasta la fecha, la ministra no ha radicado ningún impedimento o renunciado a su representación en esta demanda conjunta.

SEMANA se comunicó Muhamad en varias ocasiones a su teléfono y a través de personas que han trabajado con ella en el área de comunicaciones, pero nunca hubo una respuesta acerca de su doble rol como alta funcionaria del Estado y demandante del mismo.

La batalla del San Juan de Dios

La salvación del Hospital de San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil fue uno de los principales intereses de Gustavo Petro durante su interrumpido paso por la Alcaldía de Bogotá. El entonces mandatario distrital hizo hasta lo imposible para que aquellas edificaciones no fueran derrumbadas, enfrentándose incluso contra el Gobierno nacional, que ya estaba diseñando el proyecto para darle una nueva vida a ese espacio.

Petro no ahorró esfuerzos, y tampoco dinero, en ordenar la realización de estudios para materializar la conservación del edificio construido en el año de 1723, por tratarse de un bien de interés cultural, y que fuera declarado monumento nacional por su importancia arquitectónica, lo que impediría su desaparición.

Eso sin importar que el edificio estaba en total abandono desde hace varias décadas y sin ningún tipo de uso oficial, y se había convertido en una mole que incluso era más costoso recuperar que construir uno nuevo.

Para esta misión designó a varios de sus funcionarios para que adelantaran las acciones necesarias con el fin de recuperar el control del Hospital, para el cual no ahorraba ningún tipo de halagos.

Una de sus más insistentes funcionarias con esta tarea fue Susana Muhamad, entonces secretaria de Gobierno. Ella tomó las banderas y emprendió una batalla para evitar que el edificio se convirtiera en una anécdota de la historia bogotana. Desde su cargo, adelantó las acciones para que no se cumpliera el designio de derrumbarlo y construir ahí otro centro médico.

La alcaldía de Petro finalizó en 2015 y la “resurrección” del San Juan de Dios no se dio por las demoras en los trámites y los estudios. El centro médico seguía sin recibir pacientes o realizar cualquier tipo de atención al público. En abril de 2016, la alcaldía de Enrique Peñalosa decidió que el edificio no iba más y por eso ordenó el desalojo de 25 familias que allí vivían, la mayoría de ellas extrabajadores que nunca habían recibido su pensión o los salarios atrasados, por lo cual no tenían a donde ir.

La situación no cambió en la administración de Claudia López, quien consideró que lo mejor era derrumbar el centro médico y construir el hospital Santa Clara, situación que no fue de agrado para el exalcalde y su partido Colombia Humana. Estos últimos insistían en la necesidad de conservación y de paso anunciaron un rompimiento con la administración distrital desde el Concejo, anunciando una férrea oposición.

La intención de la demanda

El 17 de septiembre de 2020, ante el Consejo de Estado, fue radicada una demanda de 167 páginas que sumó un nuevo ingrediente al ya extenso y complejo litigio. La acción judicial estaba firmada por las ciudadanas María Susana Muhamad González, Heidy Sánchez Barrero y Ana Teresa Bernal Montañez quienes, a nombre propio, pedían que se declarara nula la expresión “Edificio Central” contenida en la resolución del Ministerio de Cultura.

Para las demandantes, esta modificación quitaba de tajo lo consignado en el documento técnico de soporte propuesta del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Hospital San Juan de dios y el Instituto Materno Infantil, aprobado en 2016, y que avalaba la restauración y reapertura del San Juan de Dios

Pese a que las tres demandantes eran concejales de Bogotá, la acción fue radicada en su calidad de ciudadanas preocupadas por el futuro del San Juan de Dios. Incluso llegaron a pedir que se suspendiera cualquier tipo de obra en el predio hasta que no se tomara una decisión de fondo.

Pese a que en febrero de 2021 se admitió la demanda para su estudio, las accionantes recibieron un primer revés cuando se negó la medida cautelar que buscaba suspender inmediatamente cualquier el proyecto, por no cumplir todos los requisitos que exige la ley para emitir una medida de tal magnitud.

La demanda ha seguido su curso en la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ya ordenó las pruebas para determinar si existen méritos para avalar las pretensiones. El Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bogotá ya presentaron sus respectivos conceptos, considerando que no se puede admitir la demanda. ¿Echará reversa este nuevo gobierno?