La polémica Resolución 10142 del 19 de agosto de 2025 que eliminó de tajo el requisito de conocimiento de idiomas para los embajadores extraordinarios o plenipotenciarios podría caerse.
El Consejo de Estado admitió la demanda que cuestiona los alcances de dicha resolución. En la acción judicial se indica que borrar este requisito “disminuye los estándares del servicio exterior”.
Además, según argumentó la Fundación para el Estado del Derecho, “afecta la idoneidad profesional del cuerpo diplomático y podría contrariar normas superiores que regulan la carrera diplomática”.
En la resolución mencionada se eliminó la exigencia de hablar y escribir, además del español, inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, o el del país de destino, para el cargo de Embajador.
El video que publicó la Cancillería desde Nabusimake (Cesar), con una representante indígena hablando del trámite de pasaportes en Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AAzJrJ2RaU
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2025
“Con la nueva resolución se elimina por primera vez la exigencia de hablar otra lengua del perfil de un directivo que encabeza misiones diplomáticas, coordina la política exterior y representa oficialmente al Estado colombiano ante gobiernos y organismos internacionales”, señaló la parte demandante.
En la acción judicial se cuestionan los alcances de la medidas, lo cual afecta la profesionalización del cuerpo diplomático en Colombia.
“La Constitución y la ley exigen que la administración esté integrada por personas idóneas y con competencias verificables, especialmente en funciones especializadas como la representación internacional. El dominio de idiomas es en ese caso una garantía mínima para ejercer el cargo, no una barrera excluyente ni inequitativa”, precisa.
Fallas de fondo y de forma
Para la Fundación, existen dos graves fallas en la expedición de la cuestionada resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores. Primero que todo, no existe un fundamento tácito para su emisión.
“La demanda se originó tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 17 de junio de 2025, cuando manifestó públicamente su intención de eliminar requisitos para el nombramiento de embajadores”, reseña.
En ese mismo evento, el primer mandatario le pidió a la Cancillería eliminar esas “exigencias” con el fin de aumentar la participación y acceso de varios sectores sociales. Un mes después, el 4 de agosto, se mencionó el proyecto de resolución para “actualizar” apartes del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
Tras cinco días, la resolución fue aprobada sin que se registrara un debate con los conceptos de expertos.
“El proyecto estuvo abierto a comentarios durante cinco días calendario y fue adoptado sin ningún cambio sustancial. Además, el acto incurre en una falsa motivación y en una eventual desviación de poder al usar la actualización del Manual para fines distintos a fortalecer y profesionalizar la diplomacia”, agrega.
El despacho del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar ya ordenó notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría sobre la admisión de esta demanda.