Una denuncia de precios escandalosos sacude a la Alcaldía de Bogotá, en específico a la Alcaldía Local de La Candelaria, con la adquisición de televisores y hornos microondas a precios superiores hasta en un 464 % del valor promedio que se consiguen en los supermercados de cadena. Estos elementos fueron comprados para la casa cultural Zipa.
El escándalo responde a la compra de 6 televisores de 50 pulgadas y 2 hornos microondas, por los cuales la Alcaldía de La Candelaria pagó un valor 4 veces mayor al de mercado, es decir $46.782.984 cuando el precio total no debió superar los 10 millones de pesos.
De acuerdo con la concejal Diana Diago, quien fue la encargada de revelar las escandalosas cifras, mediante la orden de compra 83970 la Alcaldía local de la Candelaria, le compró a la empresa Sumimas S.A.S un total de 6 televisores marca Kalley de 50″ cada uno a un valor de $6.855.821, cuando los televisores de la misma marca y características tienen un valor de mercado que ronda el millón y medio de pesos.
Es así como la alcaldía pagó por los 6 televisores $41.134.926 cuando el valor total no debió haber superado los 9 millones de pesos, esto significa un sobreprecio del 357 %. Es de resaltar que estos televisores fueron comprados en 2021, cuando la inflación aún no estaba golpeando fuertemente el bolsillo de los colombianos.
La cabildante también denunció que la alcaldía de La Candelaria adquirió también 2 hornos microondas marca Samsung, cada uno a $2.824.029, cuando el precio de mercado no supera los 500 mil pesos. Es decir, tiene un sobreprecio del 464 %.
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“Las irregularidades no pueden pasar de agache y menos en un gobierno que se hizo elegir por las banderas anticorrupción. Solicito a los entes de control que realicen las investigaciones pertinentes a los implicados en la contratación de estos bienes”, afirmó la concejal Diago.
El 20 de enero de 2023 el despacho de la concejal Diana Diago realizó una visita a la casa cultural, en la que se pudieron constatar las características de los bienes adquiridos y se evidenció la falta de necesidad de los mismos, pues los televisores permanecen guardados en cajas.
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“Es inconcebible que se use la cultura y a los jóvenes para justificar compras que claramente son un derroche de recursos públicos, como si los habitantes de localidad de La Candelaria no tuvieran necesidades urgentes por atender, como la seguridad. A pesar de que esto parezca un caso menor de corrupción, es en realidad una gran evidencia de la forma en que están utilizando las alcaldías locales como botines al servicio de la corrupción en la administración de Claudia López”, afirmó Diago.
En diálogo con SEMANA, la cabildante le mandó un contundente mensaje a la alcaldesa López: “Haga algo con su gobierno y pare de una vez por todas este desastre con las finanzas de Bogotá”.
La concejal Diago presentó denuncia formal por estos hechos ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, para que se investigue y sancione a los presuntos responsables.
Posibles irregularidades en la compra de ambulancias
La denuncia de sobreprecios en la Alcaldía de La Candelaria, no es único caso de posibles irregularidades que ha encontrado la concejal Diana Diago al interior de la administración distrital. Hace unas semanas la cabildante denunció la compra de furgones que se habrían hecho pasar como ambulancias tras una millonaria inversión de 36.000 millones de pesos.
“Las ambulancias se tienen que regir con unas normas técnicas del Icontec, pero resulta que las ambulancias que fueron compradas por la Secretaría de Salud en realidad serían furgones, ni su chasis, ni su suspensión son aptos para llevar pacientes, estos carros son aptos es para llevar carga, pero no seres humanos”, señaló Diago.
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En ese sentido, de acuerdo con la cabildante, las consecuencias para los pacientes podrían ser traumáticas. “Cuando estos vehículos toman velocidad, los pacientes se vuelcan fácilmente porque su suspensión es muy rígida, además estos vehículos no tienen la capacidad de poder contar con sirenas, ni tienen la parte eléctrica para poder conectar el desfibrilador ni todo el equipo médico que se requiere”, agregó.
Esta falta de capacidad eléctrica en estas “ambulancias” estaría descargando las baterías. “¿Cuánto debe gastar entonces Bogotá en todos estas baterías?”, cuestionó Diago.
Como si fuera poco, estas ambulancias tampoco cumplirían con la comunicación que tiene que tener la tripulación médica con el conductor. “Como estos vehículos en realidad son furgones, hay una distancia entre cada cabina”, dijo Diago.
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Al respecto, la propia Procuraduría General de la Nación abrió una indagación a la Secretaría de Salud por la compra de estos vehículos para prestar el servicio de ambulancia, sin cumplir con los estándares técnicos necesarios para atender una situación médica de urgencia.
El Ministerio Público requirió información sobre los contratos celebrados desde el año 2020 para adquirir ambulancias o vehículos para acondicionarlos y, sobre los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que participaron en la etapa precontractual, celebración, ejecución y liquidación de estos.
La indagación previa abierta por el ente disciplinario busca identificar los servidores públicos que participaron en la compra de los vehículos -ambulancias-, al parecer, sin cumplir con las exigencias establecidas en la norma técnica para prestar ese servicio.