El conocido abogado Jaime Lombana se estrenó este lunes como la cabeza del equipo de defensa de la ministra Karen Abudinen. María Isabel Rueda cuenta lo último que ha pasado con ese caso que ha estremecido al país. Según ella, a la ministra la podrán haber engañado con unas pólizas falsas, pero también es verdad que no han parado sus esfuerzos para que los contratistas no se queden con la plata.
La Contraloría también se la ha metido toda. Este domingo el presidente Duque aseguró: “La plata está protegida y lo que queremos es que esa maraña quede totalmente destapada y que los responsables de semejante intento de trampear a la administración pública le respondan a la justicia de nuestro país”. Agregó que el país no va a perder ese dinero, pues “se han hecho los embargos por parte del Ministerio y por parte de la Contraloría que duplica el valor del monto que hicieron del anticipo”.
Lombana asegura que hubo complicidades dentro del ministerio y que el abogado Jorge Pino, que representa a Centros Poblados, es un “descarado”. María Isabel Rueda contó en su Tik Tak la semana pasada que el abogado Pino había dicho que la caducidad que le decretaron no es válida porque no procede en este tipo de contratos y que ellos firmaron así porque la ministra Karen Abudinen se los impuso. Y que ellos la firmaron a sabiendas para quedarse con el contrato. El jurista también insiste en que las garantías no son falsas, a pesar de que el banco Itaú ya lo afirmó así.
Como se sabe, la caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados se convirtió en un nuevo episodio novelesco de ese entramado. La decisión de suspenderla la tomó un juez de Puerto Colombia, Atlántico, y la ministra Karen Abudinen se despachó contra él de inmediato. “¡Esto es la tapa del descaro! La caducidad está en firme. No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado”, dijo en ese momento.
María Isabel Rueda explicó también cómo la caducidad terminó siendo un triunfo de los contratistas que aparentemente son los que han incumplido. Como se sabe, el Ministerio TIC, luego de un proceso licitatorio, firmó un millonario contrato en diciembre de 2020 por más de un billón de pesos con el consorcio que agrupó a cuatro empresas para lograr respaldar el ambicioso proyecto: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, con 35 por ciento de participación; ICM Ingenieros, también con 35 por ciento; Intec de la Costa, con 15 por ciento, y Omega Buildings Constructora, con 15 por ciento. Según María Isabel Rueda, la conectividad rural no es el único contrato que tiene esa unión, ni las empresas que lo componen. Y ya se comienza a hablar de otros enredos. Hay contratos por 4 billones de pesos.
Según María Isabel, las empresas preparan una demanda para pedirle al Estado que los indemnice por lo que han dejado de recibir y lo que perderán por los cinco años de la sanción. “Aquí tiene que acabarse la vagabundería privada, tan urgentemente como la pública”, finaliza.
Escuche también a María Isabel Rueda hablar de Alejandro Gaviria:
