El macrocaso Meyendorff, la multimillonaria extinción de dominio que hizo la Fiscalía hace más de 13 años contra la familia Meyendorff, se ha convertido en un ejemplo en clases de derecho penal sobre lo que no se debe hacer. Más de una década de investigación sin tomar una decisión y, ahora, en una compulsa de copias, el Tribunal de Bogotá pide investigar a los fiscales que participaron en este proceso.
La Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá advirtió que la Fiscalía incumplió una orden de tutela que obligaba al ente acusador a tomar una decisión sobre la procedencia de la extinción de dominio de los bienes incautados a la familia Meyendorff hace 13 años y que, en criterio de la defensa, anticipa una prescripción de la acción penal.
“Incumplimiento en que ha incurrido la Fiscalía 12 especializada de extinción de dominio de esta ciudad al no materializar la orden impartida en el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación de la honorable Corte Suprema de Justicia; lo anterior, en tanto la autoridad accionada no ha emitido la decisión que en derecho corresponde”, señaló el Tribunal de Bogotá.
La “decisión que en derecho corresponde”, de acuerdo con el Tribunal, tiene que ver con la determinación de la Fiscalía en el sentido de mantener la extinción de dominio o declarar improcedente la intención de continuar con el macrocaso, así como cerrar el expediente que estuvo vivo, pero agonizante.
“Otorgar un término de tres meses a la Fiscalía 12 especializada de extinción de dominio para que emita la calificación correspondiente sobre la procedencia o improcedencia de la acción, conforme a la parte motiva de la decisión”, advirtió el magistrado Pedro Oriol Avella, del Tribunal de Bogotá.
Mientras el Tribunal de Bogotá le otorgó un plazo perentorio a la Fiscalía para tomar una determinación en el sentido de avanzar o cerrar el proceso, también advirtió que se compulsaron copias para investigar los incumplimientos del fiscal a cargo y las razones por las cuales no acató las órdenes impartidas mediante la acción de tutela.
“Compulsar las copias de las piezas procesales pertinentes con destino a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia y conforme a la precedente explicación”, dice el documento que conoció SEMANA y que advierte la solicitud de investigación.
La decisión del magistrado Oriol Avella, con la compulsa de copias, fue firmada este martes 3 de febrero y resulta particular luego de revisar antecedentes del mismo despacho y por la misma tutela. En diciembre de 2025, el magistrado negó abrir un incidente de desacato contra el fiscal a cargo del proceso y ahora concluye que hubo un incumplimiento por parte de la Fiscalía.
