Ultimátum | Corte Constitucional da un mes al Gobierno para que entregue el plan de acción por muerte de menores en La Guajira

El gobierno de Gustavo Petro tiene un mes para entregar completamente el plan de acción para superar la crisis por la muerte de los menores de edad en el departamento de La Guajira. Así se lo ordenó la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional al revisar el documento enviado frente al Plan de Acción Integrado y Unificado.

“Si bien el Plan intenta mostrarse como un documento integrado y articulado, el desarrollo de cada uno de los derechos no da luces de haberse realizado con el mismo rigor”, advirtió la Sala. En este sentido se señaló que cuatro de los cinco componentes del plan relacionados con los derechos al agua, la seguridad alimentaria, la información y la salud no están claros.

El expediente se remonta a 2017, cuando la misma Corte Constitucional declaró la grave crisis humanitaria por las cifras de mortalidad de los menores de cinco años de la comunidad indígena wayú, casos asociados en La Guajira a la desnutrición que, en ese momento, rodeaba el 32,54 % por cada mil niños, superando por mucho la media nacional.

“Las acciones propuestas frente a cada derecho deben regirse por unos objetivos, parámetros técnicos y condiciones que obligan a un juicio minucioso para conseguir su aprobación. En este sentido, se estudiará con detalle los derechos a la información, la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la movilidad, a la luz de las exigencias planteadas en los autos 696 de 2022 y 1290 de 2023″, señala uno de los apartes de la decisión.

En ocasiones anteriores, la Corte Constitucional había emitido medidas cautelares de protección de los menores de edad de La Guajira que estaban en riesgo. Igualmente, dispuso la construcción de un Plan Provisional de Acción a un grupo de entidades.

Frente a esta situación, la Corte les dio instrucciones a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de La Guajira y a los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, como entidades obligadas, ajustar el Plan de Acción Integrado y Unificado.