Un año sin imputación: piden a Fiscalía actuar contra alta funcionaria de ONU que intentó sacar a su hijo del país con papeles falsos

SEMANA reveló desde febrero de 2025 el escándalo en el que terminó la alta comisionada de la ONU en Honduras, Isabel María Albaladejo, quien habría intentado falsificar un fallo de acción de tutela para sacar de Colombia a su hijo menor de edad. La sentencia le prohibía viajar con el niño fuera del país.

Aunque Albaladejo fue capturada el 25 de febrero del año pasado en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, por el delito de uso de documento público falso en flagrancia, recuperó su libertad al otro día de los hechos y hasta el sol de hoy no ha sido imputada por la Fiscalía General de la Nación.

Esa situación llevó al abogado Sebastián Erazo, defensa del papá y abuela del menor, a pedir medidas administrativas urgentes y una vigilancia especial de la Fiscalía sobre este caso que lleva más de un año pasando de despacho en despacho sin ninguna decisión importante.

SEMANA conoció la petición que llegó al despacho de la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, en el que Erazo contó que el lento proceso empezó a tener problemas desde ese 25 de febrero, día en que Isabel Albaladejo fue capturada.

El abogado del papá y la abuela del menor relataron que ese día, el fiscal Ricardo Bejarano, delegado ante los jueces penales de circuito y adscrito a la URI de Engativá, tomó la decisión de dejarla en libertad sin cumplir la “obligación” de presentar a la detenida “inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, ante el juez de garantías para legalizar su captura”.

Los retrasos en el proceso

El abogado Erazo detalló en su petición que desde ese mismo 25 de febrero de 2025, el caso de la alta funcionaria de la ONU llegó al despacho del fiscal 83 seccional de la Unidad de Fe Pública de Bogotá, a cargo del fiscal Óscar Javier León, a quien señala que “en reiteradas ocasiones negó la calidad de víctimas de mis representados, se negó a entregar copia de la carpeta, se fue a vacaciones por un largo período y, pese a que se comprometió a ellos, no formuló imputación en contra de Isabel Albaladejo”.

Unos días después, el representante suplente de las víctimas pidió copias del proceso, pero el fiscal León negó esa petición argumentando que “la única víctima era el Estado”. Para la defensa del papá y la abuela del menor esto desconoció “los preceptos jurisprudenciales que regulan la materia”.

El proceso fue removido y reasignado a la fiscal Luz Irene Hernández, quien —según Sebastián Erazo— nuevamente negó la calidad de víctima de sus representados, nunca les hizo entrega de los documentos requeridos, se incapacitó varias veces y no imputó a Albaladejo, a pesar de que también se comprometió con esa parte del caso.

“El 14 de agosto de 2025 el representante suplente de víctimas remitió solicitud de copias, la cual fue negada por la Dra. Hernández Rodríguez, quien refirió, en contravía de todos los preceptos jurisprudenciales, que el radicado se encontraba en etapa de indagación y, en consecuencia, la información era reservada", expone el documento conocido por esta revista.

Lo más grave del asunto es que el proceso fue reubicado y asignado a una nueva fiscal que se comprometió imputar después de sus vacaciones, en febrero de 2026, pero ese mes la defensa acudió al despacho para conocer la fecha de esa etapa procesal y la funcionaria judicial indicó que no la solicitó porque iba a ser nombrada en un nuevo despacho en los próximos días.

Por eso, el abogado Erazo solicitó que “se implementen las medidas internas y administrativas de la Fiscalía, así como una vigilancia especial, para dar trámite a la indagación preliminar de radicado xxxxxxxxxxxxxx que actualmente se encuentra en la Fiscalía 83 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de Bogotá”.

Un año después de la captura, la defensa del papá y la abuela del menor denunció que Isabel Albaladejo ha acudido varias veces al mes a los fiscales del caso para solicitar la imputación en su contra, pero la respuesta han sido “trabas” para acceder a la justicia.