Un contrato firmado en 2018, que superó los 12.600 millones de pesos y tenía por objeto la construcción del muelle fluvial de pasajeros en el municipio de Leticia, Amazonas, se convirtió en la prueba contra el alcalde de ese momento, José Huber Araujo Nieto, para lograr una condena.
De acuerdo con los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía a lo largo de la investigación, se logró establecer que el entonces mandatario sostuvo reuniones con contratistas para explicar los detalles del proyecto e incluso los requisitos que debían cumplir para poder participar y de esa manera anticiparse a otros proponentes.
“Las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación indican que el exalcalde de Leticia (Amazonas), José Huber Araujo Nieto, direccionó un contrato suscrito en 2018, que ascendió a 12.600 millones de pesos y tenía por objeto la construcción del muelle fluvial de pasajeros en el municipio”, dijo la Fiscalía.
Las evidencias fueron tan contundentes que Araujo Nieto decidió aceptar los cargos que fueron imputados por la Fiscalía y de esta manera conocer de manera anticipada una sentencia condenatoria en su contra que llegó a los ocho años de cárcel; los delitos son cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
“El exmandatario inicialmente sostuvo reuniones entre 2016 y 2017 con un particular vinculado a una unión temporal con el propósito de anticipar los requisitos que debía cumplir para quedarse con el contrato”, explicó el ente acusador.
Según la Fiscalía, estas actuaciones ilícitas estuvieron mediadas por el pago de una dádiva de 2.000 millones de pesos en efectivo, que correspondía al 18 % del valor total del contrato. Un porcentaje importante del contrato que, de acuerdo con la investigación, terminó en los bolsillos del mandatario.
“Ante estos hechos, Araujo Nieto aceptó de manera libre y voluntaria los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos que le atribuía un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción”, señaló el ente acusador.
Aun con la aceptación de cargos y después de que se conoció la condena a 8 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos en la función pública por 97 meses, a la sentencia condenatoria le proceden los recursos de ley.