Llega con más fuerza el proceso previo a las elecciones y los ciudadanos ya se sienten preocupados por la avalancha de propaganda política que ven venir.
En ese contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), emitió una circular externa con las reglas de juego para la temporada de campañas políticas y electorales.
Es así como la protección de datos personales sale a relucir, pues se trata de un derecho ciudadano amparado por la ley.
Las instrucciones para el tratamiento de datos en el contexto electoral son las siguientes:
- Cumplimiento integral del régimen de protección de datos personales. Los actores políticos deben aplicar los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, adoptando medidas técnicas, organizacionales y administrativas acordes con los riesgos asociados al tratamiento de datos personales con fines políticos o electorales.
- Autorización previa e informada. El tratamiento de datos personales con fines políticos o electorales debe contar con la autorización previa e informada del titular.
- Acceso a la Política de Tratamiento. Los canales usados para la recolección de información personal —físicos o digitales— deben incluir la Política de Tratamiento de Datos Personales, avisos de privacidad y mecanismos de autorización.
Esto estará prohibido
4. Prohibición de recolectar datos sin autorización a través de herramientas digitales. Los actores políticos deben abstenerse de recolectar, incorporar en una base de datos o analizar datos personales a través de cualquier medio, si no cuentan con la autorización previa e informada de su titular.
5. Restricción de grupos y listas. No está permitido agregar a una persona a grupos de mensajería instantánea, listas de distribución o envíos masivos sin su consentimiento previo e informado.
6. Finalidades legítimas. El uso de los datos personales debe limitarse a fines constitucionalmente legítimos y claros.
7. Prohibición de tratar datos sensibles sin autorización expresa. Está prohibido elaborar perfiles basados en la orientación política, sin contar con la autorización previa, explícita e informada del titular, dado el riesgo de discriminación y manipulación.
