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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema imputó cargos a su colega, Daniel Hernández por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigos.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema imputó cargos a su colega, Daniel Hernández por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigos. - Foto: Pantallazo de video de la audiencia

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“Usted, Daniel Hernández, fue malicioso en su actuación”, dijo la Fiscalía en la imputación al llamado fiscal “estrella” del caso Odebrecht

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema imputó cargos a su colega Daniel Hernández, por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigos.

Los hechos, en criterio de la Fiscalía, para imputar cargos en contra de su propio funcionario, el fiscal Daniel Hernández, quien era la punta de lanza de las investigaciones del gigantesco entramado de corrupción de Odebrecht, son puntales y se resumen en dos escenarios que para el ente acusador se cometieron de manera “maliciosa” por el considerado fiscal estrella en este y otros procesos de relevancia para el país.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema entregó los detalles de la imputación de cargos en contra de su colega y que lo dejan como presunto responsable de los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigos. Las pruebas están en los propios trámites que, según la misma Fiscalía, el fiscal Hernández omitió en beneficio de algunos procesados en el caso Odebrecht.

“El 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai”, dijo el fiscal a cargo de la imputación de cargos.

En el relato de la imputación, el fiscal delegado ante la Corte, designado de manera especial por el fiscal general para este caso, explicó que Daniel Hernández omitió los trámites posteriores al obtener las órdenes de captura en contra de los directivos de Odebrecht, entre otras subir las mismas al sistema de antecedentes y así evitar que salieran del país.

“El artículo 299 establece la obligación de que las órdenes de captura obliga al funcionario a registrarlas para que se hagan efectivas… Una vez el juzgado accedió a la solicitud, usted era el encargado de tramitarlas y enviarlas a los organismos de policía judicial, pero no llegaron a ningún lado tras su deliberada y maliciosa actuación”, dijo el fiscal.

Según el fiscal del caso, su colega no hizo lo necesario, luego de obtener las órdenes de captura, que incluyó solicitar una circular azul de Interpol con el objetivo de hacerlas efectivas en los países que tienen convenio con este organismo internacional. La omisión ocurrió incluso cuando la misma oficina de Interpol le ofreció la posibilidad de hacerlo.

“La organización de Interpol cuenta con una herramienta eficaz que es la notificación azul… La referida es un aviso sobre el requerimiento a una persona y se envía a 194 países cerrando los espacios a los requeridos. Por tanto en el referido caso contra los brasileños de manera atenta me permito allegar a usted el formulario para procesar el trámite ante Interpol, debe allegarse copia de la orden de captura”, señala un documento que remitió la Interpol al fiscal Hernández, según la Fiscalía.

Una prueba de que el fiscal Daniel Hernández sabía que el trámite ante Interpol era su obligación, es que dos años después, según la Fiscalía, hizo dicha diligencia al obtener las prórrogas de las órdenes de captura contra los ciudadanos brasileros. Sin embargo, los procesados ya estaban fuera del país y el objeto de la orden de captura terminó siendo un adorno en el proceso.

“Usted fungiendo como fiscal delegado omitió darle trámite a las órdenes de captura que usted mismo solicitó ante un juzgado de Bogotá contra los brasileros… por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht”,dijo la Fiscalía.

En su momento el fiscal Hernández aseguró que no radicó las órdenes de captura tras considerar que los brasileños ya estaban fuera del país y no resultaba necesario u oportuno en la situación en que se encontraban. El fiscal que imputó cargos advirtió que la ley es clara y su colega la conocía con claridad, más teniendo en cuenta su experiencia en el escenario judicial.