SEMANA conoció en su totalidad el derecho de petición radicado ante la Fiscalía General por el abogado Julián Quintana, en el que solicita información sobre los avances de las pesquisas por los hechos de corrupción registrados en la ciudad de Santa Marta durante las administraciones de Carlos Caicedo y Rafael Martínez.
En el documento se advierte sobre la “falta de celeridad” en algunas investigaciones por la celebración irregular de millonarios contratos en los mandatos de Caicedo y Martínez, y que generaron una gran afectación en la calidad de vida de los samarios.
El jurista advierte que muchos de los procesos por corrupción en Santa Marta fueron impulsados por fiscales de Bogotá, lo que ha derivado hasta la fecha en un fallo condenatorio.
Fiscalía pide condena en contra del exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, por su responsabilidad en la celebración irregular de millonarios contratos para la construcción de 15 parques. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/X0uyOYreRf
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026
“En cambio, las investigaciones que se adelantan en la ciudad de Santa Marta —que según nuestro seguimiento superan las cincuenta (50) noticias criminales por hechos de corrupción y delitos conexos— no muestran la misma celeridad”, advirtió Quintana.
En este sentido, señaló que en el caso del exalcalde y exgobernador Rafael Alejandro Martínez no se han logrado mayores avances. Lo mismo ocurre con la exalcaldesa Virna Johnson.
“Se trata de investigaciones que llevan varios años en los despachos de la Seccional Magdalena, sin que se haya producido ninguna decisión de fondo. La ciudadanía samaria pregunta constantemente a esta representación por sus resultados. Más allá del sentido de la decisión —imputar o archivar, absolver o condenar—, lo que se reclama es que las decisiones se adopten y se conozcan en un plazo razonable, como lo exigen el debido proceso y los derechos de las víctimas”, indicó la petición.
La imputación que no fue
El abogado —quien ha sido reconocido como víctima en otros procesos penales por corrupción en Santa Marta— alegó que, pese a que el pasado 2 de julio se tenía programada una imputación de cargos contra la exalcaldesa Virna Johnson, la diligencia nunca se realizó.
“Sin embargo, de manera sorpresiva, la señora fiscal no se presentó a la audiencia y la solicitud de imputación fue retirada, sin que a la fecha se haya dado explicación alguna a esta representación de víctimas sobre las razones de esa decisión”, reseñó Quintana.
Esta situación se dio por el llamado caso “perros y gatos” que afectó las finanzas de Santa Marta y la calidad de vida de los ciudadanos.
“La demora prolongada en estas actuaciones afecta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y pone en riesgo la eficacia de la acción penal por el paso del tiempo, incluida la eventual prescripción de algunas conductas. Todo ello, desde luego, con pleno respeto de la presunción de inocencia de los investigados”, concluyó.