El Gobierno nacional definió el futuro de uno de los bienes más emblemáticos del Cartel de Cali: un millonario edificio que perteneció a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del mismo.
El inmueble, que durante años funcionó como hotel, será transformado en una sede institucional enfocada en la defensa de los derechos humanos, lo que representaría un giro histórico para el predio.
De acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad recuperó el control del edificio tras detectar irregularidades en su administración, ya que había sido arrendado y posteriormente subarrendado sin autorización, lo que generaba beneficios económicos indebidos.
Ahora funcionará para el servicio de la ciudadanía
Tras el proceso de recuperación, el Gobierno decidió destinar el inmueble a la Personería municipal, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y garantizar servicios relacionados con la defensa de derechos humanos.
Según la SAE, el edificio será utilizado como sede para atender a la ciudadanía, especialmente en temas de control, vigilancia y protección de derechos, al ser la sede oficial de la Personería del municipio de Soacha.
En ese sentido, el cambio representa una transformación simbólica: de un bien vinculado al cartel a un espacio al servicio de la institucionalidad y la comunidad.
El edificio hace parte de los bienes incautados a los Rodríguez Orejuela, quienes lideraron el Cartel de Cali, una organización que llegó a controlar gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en los años noventa.
Tras su captura y extradición, el Estado colombiano inició procesos de extinción de dominio sobre sus propiedades, con el fin de recuperar activos obtenidos ilícitamente y darles un uso legal.
En el caso de este inmueble, la extinción de dominio se formalizó en 2024, lo que permitió que pasara definitivamente a manos del Estado.
Como hotel, estaba siendo explotado comercialmente
Según la SAE, el inmueble estaba siendo explotado comercialmente sin cumplir las condiciones contractuales establecidas, lo que motivó un operativo de desalojo para restablecer su uso legal.
En los últimos años, la SAE ha impulsado iniciativas similares, entregando bienes incautados para proyectos sociales, viviendas, educación y fortalecimiento institucional.
El futuro del edificio refleja una estrategia clara: convertir símbolos de la ilegalidad en herramientas para el desarrollo social, en un proceso que busca reparar, desde lo institucional.