SEMANA conoció un documento en el que la Contraloría General de la República puso la lupa sobre una obra realizada por Rehusen Martínez, exalcalde de Santa Lucía (Atlántico), donde se habrían detectado presuntas irregularidades en un contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías por 1.189 millones.
Dichos recursos habrían sido destinados a obras de protección contra inundaciones y mejoramiento vial en ese municipio. La actuación surgió tras resolver de fondo una denuncia ciudadana presentada contra la ejecución del proyecto.
“Los mencionados instrumentos contractuales, cuyo valor total asciende a seiscientos ochenta y nueve millones ciento treinta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos ($689.139.421), presentan serias irregularidades de orden técnico, económico y jurídico, que se condensan en su mayoría en el informe técnico adjunto, pero que ampliamos a continuación”, dice el documento.
Asimismo, el ente de control verificó que el convenio interadministrativo CI-SL-001-2021 fue suscrito el 10 de agosto de 2021 por la Alcaldía de Santa Lucía, cuando el alcalde era Rehusen Martínez, con la Asociación de Municipios de la Zona de la Ciénaga del Guájaro y del Caribe (Asomguájaro), para ejecutar las obras financiadas con regalías, donde encontraron algunas presuntas anomalías.
“La inclusión del tramo intervenido y referenciado (calle 13 entre carrera 7 y 8) deja ver una posible duplicidad contractual y se constituye como una irregularidad administrativa que vulneraría los principios que rigen la contratación estatal en Colombia, conforme lo establece el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, como son el principio de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa”, precisó la Contraloría en el informe.
De igual manera, encontró diferencias entre la información reportada en la plataforma Gesproy y el estado real de la obra durante la inspección técnica realizada por funcionarios.
“En el sistema Gesproy, el proyecto aparece con estado ‘Para Cierre’, lo que permite inferir que el mismo ha sido culminado en su totalidad, tanto administrativa como físicamente. No obstante, al revisar el expediente contractual y los documentos técnicos asociados, así como tras realizar una inspección en campo, se comprobó que el proyecto no ha sido finalizado y, por el contrario, permanece en estado de suspensión”, explicó.
Al mismo tiempo, señaló que, en medio de esta revisión, “se observó que el aplicativo reporta un avance físico del 100 %, lo cual no corresponde a la realidad de la ejecución del contrato. Durante el recorrido técnico por el sitio de la obra, se constató que existen actividades contractuales pendientes de ejecución y que el objeto del contrato no ha sido desarrollado en su totalidad”.
Otro de los cuestionamientos que hay dentro del informe aborda uno de los documentos donde se entregan detalles de las obras, que fue realizado por el contratista; allí incluyeron obras como ejecutadas.
“Se evidenció que dicha intervención fue desarrollada en el marco de un proyecto distinto, identificado con el código BPIN 2024086750008, lo que deja evidenciar que las actividades reportadas en el informe de obra N.° 03 no corresponden a ejecuciones realizadas por el contratista bajo el contrato en cuestión y se evidencia falsedad en la información suministrada”, expresó.
El ente también aseveró que “estas situaciones reflejan inconsistencias críticas entre la información reportada en el aplicativo del Departamento Nacional de Planeación Gesproy, la realidad física y la documental del proyecto. Tales inconsistencias constituyen una vulneración a los principios de la contratación estatal, como son los de transparencia, buena fe, legalidad, celeridad y responsabilidad de la información pública”.