Luego de varios meses de seguimiento, recopilación de pruebas audiovisuales, testimonios y asesoría jurídica, conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá denunciaron presuntas irregularidades en las condiciones laborales, sanitarias y de seguridad operacional dentro de la concesión Consorcio Express.
El proceso ha sido acompañado por el equipo jurídico liderado por el abogado David Cote, quien documentó casos relacionados con presunta vulneración de derechos fundamentales, riesgos para la salud de operadores y usuarios, y posibles incumplimientos de estándares exigidos en la prestación del servicio público de transporte.
Entre los principales señalamientos figuran denuncias sobre infestaciones de plagas dentro de los buses, incluyendo cucarachas y otros vectores biológicos. Según los conductores, esta situación afecta su salud y representaría un riesgo para los usuarios. En redes sociales circulan videos que evidencian lo sucedido.
Adicionalmente, según la denuncia, se reportó el uso de dispositivos de alcoholemia en condiciones que califican como antihigiénicas. De acuerdo con los testimonios recopilados, presuntamente no se cambiarían las boquillas entre operadores, lo que implicaría la reutilización de implementos bajo advertencias de posibles procesos disciplinarios.
En materia de infraestructura, algunos conductores señalaron que en ciertos vehículos las sillas de conducción deben ser sostenidas con ladrillos debido al deterioro de los mecanismos de ajuste. También se reportaron espumas vencidas y estructuras metálicas expuestas, situaciones que, según los denunciantes, estarían generando lesiones osteomusculares.
El equipo jurídico recopiló además registros en video que mostrarían deterioro de los vehículos, fallas estructurales, vibraciones, ruidos persistentes y elementos internos en mal estado.
“Estas condiciones evidencian una falta de mantenimiento preventivo y correctivo en los buses, lo que podría comprometer la seguridad vial y el bienestar de los operadores”, dice el comunicado.
Otro punto de las denuncias corresponde a presuntos despidos de trabajadores en situación de debilidad manifiesta. Uno de los casos expuestos es el de un presunto conductor que habría sido desvinculado mientras se encontraba hospitalizado, “lo que motivó acciones judiciales para proteger sus derechos fundamentales”.
“El objetivo no es solo denunciar, sino generar cambios estructurales que protejan la salud, la estabilidad laboral y la seguridad de los conductores y de los ciudadanos que usan el SITP”, afirmó el abogado David Cote.
El equipo jurídico anunció que continuará con acciones judiciales y solicitó la intervención de autoridades laborales, sanitarias y de transporte. “La investigación continúa y no se descartan nuevas revelaciones en las próximas semanas”, detalló el comunicado.
