Día crucial en la Corte Suprema: en medio de grandes presiones hay votación para elegir fiscal general de la nación. ¿Habrá humo blanco?

Este jueves, tras 15 días de reflexión, la Sala Plena de l Corte Suprema de Justicia se reunirá para iniciar la deliberación y votación frente a la terna de fiscal general de la nación, conformada por Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez.

El pasado 23 de noviembre, los 22 magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escucharon las propuestas de las ternadas al cargo de fiscal general de la nación. Esta audiencia se hizo tras evaluar las hojas de vida de Buitrago, Camargo y Pérez y concluir que cumplen con todos los requisitos.

Igualmente, se evaluaron los correos enviados por la ciudadanía en el micrositio que estuvo abierto entre el 7 y 14 de noviembre. Con esto, según indicó una fuente de la Corte Suprema, se buscaba abrir un espacio más participativo en esta elección.

Por el momento, no se ha presentado ninguna recusación o impedimento en contra de las ternadas. El reglamento estipula que, para la elección de la nueva fiscal general de la nación, para el período 2024-2028, se necesitan 16 votos.

En la Sala Plena estará presente el magistrado de la Sala Laboral, Gerardo Botero Zuluaga, quien presentó una tutela para modificar la terna enviada por el presidente Gustavo Petro con el fin que se designara a por lo menos un hombre, en aras de preservar la equidad de género.

Pese a que el Consejo de Estado rechazó sus pretensiones, el magistrado presentó una impugnación que se encuentra en evaluación en el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

Francisco Barbosa Delgado, por cronograma, finaliza su gestión al frente del ente investigador el próximo 13 de febrero. Si no se ha presentado una elección, quedará, en condición de interinidad, la vicefiscal Martha Janeth Mancera.

Las ternadas

El pasado 26 de septiembre, de manera sorpresiva, el presidente Gustavo Petro, de manera presencial, radicó ante la Corte Suprema de Justicia. En la misma se sacaba a la exfiscal Amparo Cerón -recordada por liderar las primeras investigaciones por el escándalo de Odebrecht en Colombia- y ternó a Luz Adriana Camargo Garzón, muy cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, pues trabajó con él en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Por su parte, Ángela María Buitrago destrabó después de dos décadas el expediente por los desaparecidos del Palacio de Justicia, y radicó en el 2008 la resolución de acusación en contra de los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero, así como los coroneles Luis Alfonso Plazas Vega y Edilberto Sánchez Rubiano, por el delito de desaparición forzada agravada.

Igualmente, fue la encargada de presentar en juicio ante la Corte Suprema de Justicia al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera Cotes, por el crimen del profesor, sociólogo y defensor de los Derechos Humanos, Alfredo Correa D’Andreis, registrado el 17 de septiembre de 2004, en Barranquilla, por los paramilitares.

Noguera Cotes fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Del despacho de Buitrago ―quien era fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia― también salió la resolución de acusación contra el exdirector de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, hermano del exministro Fabio Valencia Cossio, por el delito de prevaricato por acción al haber borrado a alias El Indio del organigrama de la banda delictiva que comandaba alias Don Mario.

En septiembre de 2010 salió de la Fiscalía General tras una resolución firmada por el entones fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, que argumentó demoras en la resolución de las investigaciones que estaban en su conocimiento.

La lista de ternadas la completa Amelia Pérez Parra. Desde su despacho en la Unidad de Derechos Humanos se adelantó la investigación por la masacres de Trujillo, El Aro y Mapiripán, ejecutadas por paramilitares con el apoyo de agentes de la fuerza pública en la década de los noventa. Esto llevó a que desde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se le pusiera un precio a su cabeza, por la cual empezó a recibir amenazas directas de Carlos Castaño Gil.

Igualmente, lideró la investigación por la desaparición de Nydia Érika Bautista, socióloga y militante del M-19, quien fue secuestrada, torturada, abusada sexualmente y desaparecida por militares adscritos Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano del Ejército Nacional, en agosto de 1987.

En el año 2003 le asignaron la investigación por el atentado terrorista ejecutado por la columna móvil Teófilo Forero de la guerrilla de las Farc en el exclusivo Club El Nogal, en el norte de Bogotá. Sin embargo, en abril de ese mismo año, fue relevada del caso y salió de la Fiscalía General. Por las constantes amenazas y el riesgo latente para su vida buscó exilio en en Canadá.

En abril de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección.