La Contraloría de Bogotá ha venido evaluando distintos contratos de infraestructura, especialmente aquellos que involucran inversiones significativas y que no han cumplido con los objetivos para los cuales fueron concebidos. Dichas revisiones incluyen análisis técnicos, financieros y contractuales para determinar posibles afectaciones al erario.
Fue precisamente en ese marco que el organismo de control profirió un fallo con responsabilidad fiscal por más de $36 mil millones relacionado con la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo. Según informó la Contraloría de Bogotá, la decisión se tomó tras establecer irregularidades en la ejecución del proyecto de construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo.
De acuerdo con el documento oficial, durante el proceso se analizaron los contratos de obra e interventoría, encontrando que el proyecto “no fue finalizado en los términos contractuales y presentó deficiencias técnicas que tienen comprometida la viabilidad de la obra”. Estas fallas impidieron la entrega y puesta en funcionamiento de la infraestructura.
“También se reportaron afectaciones a predios vecinos y se identificó la falta de controles efectivos en la supervisión del contrato, lo que permitió que las fallas no fueran advertidas oportunamente”, se indicó en el texto.
En cuanto a la configuración del daño fiscal, la Contraloría detalló que este se compone de varios factores, incluyendo “el valor de la obra inconclusa, el contrato de interventoría que avaló su ejecución, los costos de estudios técnicos posteriores y los gastos en arrendamientos asumidos por la entidad ante la no entrega de la sede”. Esto refleja el impacto económico derivado de la no ejecución adecuada del proyecto.
Desde el organismo también se emitieron pronunciamientos frente a lo ocurrido. “Se comprometieron recursos públicos en una obra que no fue entregada ni cumplió lo previsto. El uso inadecuado de estos dineros retrasa soluciones para la ciudadanía y afecta la confianza institucional”, señaló la contralora auxiliar Verónica Peláez Gutiérrez.
Finalmente, la Contraloría indicó que continuará adelantando acciones de control sobre este tipo de proyectos, con el objetivo de “proteger los recursos públicos y garantizar su adecuada utilización”.
El caso se suma a otros procesos en los que se han identificado irregularidades en la ejecución de obras en la capital del país, como el de la Unidad Deportiva El Salitre. Justamente, el concejal Julián Forero denunció que Bogotá enfrenta una crisis de ejecución de obras públicas, con casi el 70 % de los proyectos en retraso y ejecuciones incompletas.
De acuerdo con Forero, los retrasos no se explican únicamente por fallas en la planeación, sino también por problemas en la ejecución de las obras. Actualmente, más de 1.200 frentes de trabajo afectan a diario la dinámica de la ciudad, generando congestión vehicular, desvíos improvisados y un deterioro del entorno urbano.
En consecuencia, los ciudadanos enfrentan trayectos más largos y riesgosos, mientras observan cómo los proyectos clave para la movilidad avanzan a un ritmo mucho menor al previsto, a pesar del tiempo transcurrido y de los recursos ya invertidos.