La funcionaria fue imputada por tres delitos.
La funcionaria fue imputada por tres delitos. | Foto: Twitter: @HaciendaBGA

NACIÓN

Secretaria de Hacienda de Bucaramanga, Sarahay Rojas, acusada de favorecer infractores

La funcionaria no aceptó la imputación de cargos.

5 de mayo de 2022

La hipótesis que tiene la Fiscalía en contra de la secretaria de Hacienda de Bucaramanga y otros dos funcionarios de la Alcaldía de Neiva es que aprovecharon sus cargos públicos para beneficiar a infractores que habían sido multados por infringir las normas de tránsito.

Nayarin Saharay Rojas Téllez, jefe de la cartera municipal de la Ciudad Bonita; Yuri Esmeralda Ortiz Aya y Jaime Francisco Rojas Rivera, funcionarios de la oficina de cobro de la Secretaría de Movilidad de Neiva, fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y concusión, básicamente, por no cumplir con su función constitucional, impartir justicia.

De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, estas tres personas en 2018 beneficiaron a desconocidos eliminándoles comparendos de tránsito, es decir, que si el infractor tenía nueve multas para pagar, los funcionarios gestionaban para eliminar algunos y así terminaban pagando valores diferentes.

Los hechos ocurrieron cuando Nayarin Saharay era la secretaria de Hacienda de Neiva, ciudad de la que es oriunda. Valiéndose de su cargo habría dado órdenes que terminaron desencadenando todo un entramado judicial.

Según el ente acusador, Ortiz Aya se encargaba de adelantar los procesos de cobro coactivo en materia de tránsito en nombre de la Secretaría de Hacienda, desde esta posición “le dio instrucciones a un hombre para que cancelara solo siete de nueve comparendos que debía, pues aparecía como infractor de las normas de tránsito en el sistema de multas y sanciones”, explica la Fiscalía.

Así las cosas, el infractor presuntamente solo pagó $4′691.100. Esto habría ocurrido porque Yuri Esmeralda, al parecer, asumió el compromiso de prescribir los otros dos, (267943 del 7 de mayo de 2012 y el 430402 del 4 de abril de 2013) “en ejercicio de sus funciones y condicionando, presuntamente, el pago $578.100, suma que le habría sido entregada en el segundo semestre de 2018″.

Por su parte, Nayarin Saharay presuntamente elaboró y extendió el auto de levantamiento de medidas cautelares No. 211 por el pago total de la obligación en favor del hombre y “envió un oficio a diferentes bancos sobre el registro de levantamiento de embargo que existía sobre los productos bancarios, justificando pago total de la obligación”

“Los comparendos en moción fueron objeto de pronunciamiento en la resolución No. 5057 del 18 de noviembre de 2018, declarándose la extinción de la acción de cobro que presuntamente fue proyectada, revisada y suscrita por los servidores adscritos en ese entonces a las Secretarías de Hacienda y Movilidad, Rojas Téllez, Rojas Rivera y Ortiz Aya, respectivamente, quienes presuntamente favorecieron los intereses del solicitante” agregó la Fiscalía.

Tras la audiencia de formulación de imputación, ninguno aceptó cargos.

Otro funcionario en líos con la justicia

El Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga decidió mantener en firme el proceso por presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, cuyo principal responsable sería José Ludbin Gómez, quien para 2011 era el jefe de dicha cartera municipal.

De acuerdo con la Fiscalía, Gómez está siendo investigado como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, el 10 de noviembre de 2021 el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga ordenó anular dicho proceso judicial.

Desde entonces, el ente acusador se dio a la tarea de ampliar el “material probatorio frente a las irregularidades que presuntamente se dieron en el trámite, celebración, ejecución y liquidación del Contrato 313 del 29 de junio de 2011, celebrado por la Secretaría de Desarrollo Social con la Asociación Voces e Imágenes Comunitarias (AVIC) por un monto de 372 millones de pesos y de los cuales se acreditó una apropiación de 185 millones de pesos, aproximadamente”, explica la Fiscalía.

Es decir, ahora un juez tendrá que emitir un fallo en el que se resuelva la condición jurídica de el exsecretario José Ludbin y por ende dictar una sentencia condenatoria en contra de este.