El proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta López, se ha convertido en uno de los casos más atípicos y controvertidos dentro del panorama electoral colombiano. Aunque este tipo de demandas por presunta doble militancia suele resolverse entre uno y cinco meses, el expediente ya completa 396 días en segunda instancia sin una decisión definitiva del Consejo de Estado, según una demanda conocida por SEMANA.
El caso, que podría definir la permanencia del mandatario para el periodo 2024-2027, permanece en etapa decisoria desde mayo de 2025, cuando llegó al despacho del magistrado Ómar Joaquín Barreto Suarez, de la Sección Quinta del alto tribunal. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por recusaciones, solicitudes de nulidad, cambios constantes de apoderados y múltiples actuaciones jurídicas que han prolongado el trámite por cerca de diez meses adicionales.
La situación ha despertado cuestionamientos no solo en el ámbito político, sino también institucional. Mientras otros procesos electorales avanzan y se resuelven en cuestión de semanas, este expediente supera un año y tres meses sin una sentencia definitiva.
Uno de los hechos que más ha llamado la atención es la estructura de la defensa jurídica del alcalde. Durante el proceso han pasado distintos apoderados, entre ellos familiares y personas cercanas al círculo político de la administración municipal. Primero asumió la representación judicial su hermano, luego su padre y posteriormente el hermano del secretario general de la Alcaldía, Juan Pablo Jaramillo.
Ahora, en la etapa definitiva del proceso, el mandatario otorgó poder al exmagistrado Alberto Yepes Barreiro para asumir su defensa ante el Consejo de Estado.
Más allá del debate técnico, el expediente ha comenzado a generar preguntas sobre el funcionamiento mismo de la justicia electoral en Colombia. ¿Por qué algunos procesos se fallan rápidamente y otros permanecen estancados durante más de un año? ¿Hasta qué punto los constantes cambios de defensa terminan afectando los tiempos judiciales?
La demandante Viviana Álzate Castaño aseguró que la demora de la decisión ha generado preocupación y consecuencias personales derivadas del proceso judicial.
“Soy demandante en compañía del doctor Pedro Arboleda del proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Cartago, instaurado en 2023. En primera instancia nos dieron la razón gracias al material probatorio que presentamos, especialmente videos publicados en redes sociales donde se evidencia la conducta contraria al ordenamiento jurídico por parte del entonces candidato y hoy alcalde”, afirmó.
Álzate sostuvo además que “ha transcurrido un año y medio sin que la justicia contencioso administrativa en el Consejo de Estado, Sección Quinta, resuelva la segunda instancia de la apelación del señor alcalde”.
La demandante aseguró que recientemente envió un oficio al magistrado solicitando una pronta decisión, independientemente del sentido del fallo.
“Es preocupante esta demora, pese a que la justicia le da prioridad a este tipo de procesos constitucionales. Hace 15 días presenté un oficio solicitándole respetuosamente al magistrado fallar este proceso y decidirlo independiente del resultado. Tengo procesos disciplinarios y me vi obligada a renunciar al municipio de Cartago. Espero que esta denuncia sirva para que nuestra justicia actúe y resuelva este proceso en bienestar de los ciudadanos que valientemente hacemos este tipo de procesos judiciales”, manifestó.
La expectativa ahora se concentra en la decisión que adopte el Consejo de Estado sobre la presunta doble militancia del alcalde de Cartago, quien presuntamente es cercano a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y sobre un proceso que, por su duración y desarrollo, ya se convirtió en un caso excepcional dentro de la justicia electoral colombiana.