Lo que prometió ser un buen negocio terminó en una pesadilla para empresarios en Cali. De acuerdo con la Fiscalía, tres hombres habrían impulsado la construcción de un centro comercial y la venta de locales sin contar con los recursos para tal fin. En la estafa cayeron 91 personas, quienes suministraron $85.000 millones. Fueron engañados.
Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2018 cuando los presuntos delincuentes empezaron a promocionar distintas áreas del megaproyecto. Ellos prometieron un hotel, restaurantes, bancos, consultorios médicos, 1.800 parqueaderos, entre otros establecimientos que nunca se entregaron. En total, fueron ofertados 340 inmuebles para diferentes usos.
“Hasta el momento han sido acreditadas 91 víctimas, entre ellas personas jurídicas y empresas reconocidas, prestamistas o inversores de capital y fideicomitentes que compraron y no vieron el fruto de su inversión”, detalló la Fiscalía por medio de un comunicado de prensa dado a conocer este 15 de octubre.
La hipótesis del ente de acusación es que tres hombres habrían, presuntamente, usado de manera indebida los bienes y recursos que les fueron confiados para otros propósitos, distintos a la ejecución del complejo comercial. Ellos fueron identificados como Álvaro José Salazar Romero, José Eduardo Cortés González y José Olmedo Manjarrés Valencia.
Los cálculos preliminares indican que la defraudación superaría los $85.000 millones. Al parecer, $24.000 millones habrían quedado, supuestamente, en el bolsillo de Manjarrés Valencia, mientras que $4.000 millones más habrían sido apropiados, presuntamente, por Salazar Romero. Todos fueron presentados ante un juez de la república para que respondan por sus actuaciones.
De acuerdo con sus responsabilidades individuales, los tres sujetos enfrentarán un proceso penal por los presuntos delitos de concierto para delinquir, administración desleal, hurto agravado por la confianza, estafa en la modalidad de masa y falsedad en documento privado. La Fiscalía tiene pruebas que los comprometen seriamente.
Uno de los elementos que causa mayor impresión en este expediente es que se “habrían obtenido préstamos de inversores de capital, comprometiendo el patrimonio de fideicomitentes, entre otras conductas, a través de las cuales defraudaron al público que respondió a la propuesta de inversión”, concluyó la Fiscalía.
José Olmedo Manjarrés Valencia, uno de los imputados, afirmó que participó en el proyecto en calidad de inversionista, atendiendo la invitación de un grupo promotor que se presentaba como especializado en este tipo de desarrollos, “asumiendo un riesgo patrimonial en un proyecto que, finalmente, no se ejecutó en los términos inicialmente planteados”.
Frente al proceso judicial, Manjarrés Valencia aclaró: “Rechazo de manera expresa cualquier señalamiento o interpretación que sugiera la existencia de apropiación indebida de recursos, toda vez que los mismos correspondieron a devoluciones y, como se ha demostrado, resultan inferiores a las inversiones realizadas. Así mismo, reitero ante la opinión pública mi posición de inocencia y la necesidad de que los hechos sean valorados en su integridad, con fundamento en la evidencia documental existente”.
¿Dónde denunciar una estafa?
En dado caso de que una persona sea víctima o conozca un caso de estafa podrá denunciarlo ante las autoridades competentes, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Justicia:
- Si es una “estafa por un monto que se encuentre entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($7´377.170 y $110´657.550) debe presentar una querella ante la Fiscalía”.
- “Si la estafa es mayor a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tanto la víctima como cualquier persona que conozca de un caso de estafa puede presentar una denuncia ante la Fiscalía. Tanto la querella como la denuncia se pueden presentar de manera verbal o escrita, sin necesidad de contar con un abogado”.
- “Generalmente, la Fiscalía recibe querellas y denuncias en diferentes centros de atención, como las Salas de Atención al Usuario -S.A.U-, las Unidades de Reacción Inmediata -U.R.I-, los Centros de Atención a Víctimas y las Casas de Justicia. Si no existen dichas autoridades en su municipio, puede acudir a las autoridades de Policía, quienes lo orientarán”.