Varios gobernadores del departamento de Arauca han sido investigaos por sus posibles nexos con el grupo ilegal del ELN.
Los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, según denuncian las comunidades, se presentan en López, La Mojarra y San Luis. | Foto: A.P.I.

NACIÓN

Familias están confinadas en zona rural de Buenaventura por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo

La grave situación se estaría presentando desde hace más de un año.

4 de enero de 2023

La comunidad del corregimiento Bajo Calima, zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), denunció que en la región se presentan enfrentamientos entre integrantes del ELN y el Clan del Golfo. Aunque la situación se viene evidenciando desde hace más de un año, aseguran que se intensificó desde el pasado 1 de enero, sobre todo en López, La Mojarra y San Luis, lo que ha obligado a los habitantes de estos territorios a estar confinados.

“Se ha activado un plan de contingencia con la Segunda Brigada de Infantería de Marina, Defensoría del Pueblo y la Alcaldía Distrital para restablecer el orden en la zona rural. Se tiene que corroborar toda la información pertinente, en especial, si se trata de cuerpos sin vida que estarían sobre el río Calima, hecho que aún no ha podido ser corroborado”, indicó Arlington Agudelo, secretario de Gobierno de Buenaventura.

Cabe recordar que la denuncia de la grave situación de confinamiento, desapariciones forzadas, enfrentamientos y desplazamientos que viven sus comunidades la había hecho en Navidad el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí.

“Por ese motivo, los habitantes de Barranco Reyes y San José, en su gran mayoría, se desplazaron a ciudades como Buenaventura y Cali; la comunidad de Papaya se desplazó internamente a Veneral del Carmen, a pesar de que nuestro Consejo cuenta con una sentencia de restitución de derechos territoriales, que a la fecha no se ha cumplido y estamos siendo nuevamente revictimizados”, señaló el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí por medio de un comunicado.

Manifestaron que desde el 19 de diciembre, la comunidad de San Antonio de Yurumanguí estuvo incomunicada y confinada, impidiendo el desplazamiento y tránsito libre en el territorio. “Todo lo anterior durante dos días (19 y 20 de diciembre), mínimamente se han podido movilizar, pero siguen sin comunicación”, indicó.

Por su parte, el pasado 21 de diciembre, un total de siete embarcaciones comunitarias hicieron el intento de movilizarse desde la zona alta del río con banderas blancas hasta la comunidad de Veneral del Carmen, con la intención de recoger ayudas humanitarias gestionadas por la Fundación Alianza por la Solidaridad y el Programa Mundial de Alimentos. Sin embargo, en medio del trayecto una lancha de un grupo armado se acercó a la caravana comunitaria y fue atacada.

“El grupo de civiles quedó en medio del fuego cruzado, gracias a Dios no hubo afectaciones a los civiles, pero el miedo y la incertidumbre es reinante. Suplicamos ante Dios la no vinculación de la población civil en el conflicto entre los actores armados que operan en el territorio”, manifestó el Consejo.

Asimismo, hicieron un llamado a los organismos garantes de derechos a que hagan presencia en el territorio, ya que estas situaciones ponen en riesgo el proceso de reparación colectiva e integral, el cual se viene impulsando en el Consejo Comunitario.

“Solicitamos a los órganos competentes del orden distrital y nacional se tomen las medidas pertinentes tendientes a garantizar la vida y evitar la ocurrencia de posibles hechos luctuosos en las comunidades, exigimos el respeto a nuestra autonomía y que se nos vinculen en el ejercicio de paz total del nuevo gobierno”, expresó.

También dieron un parte de tranquilidad a las familias de los dos contratistas que se encontraban confinados en San Antonio de Yurumanguí, quienes se están desplazando a la ciudad de Buenaventura sanos y salvos.

El mandatario colombiano firmó la ley en la hacienda Hato Grande, en el marco de la Asamblea General de Gobierno.

El presidente Petro reveló detalles de los alcances de la iniciativa: “La ley de la paz, el marco jurídico que permite desde hace muchos años, esta vez se ha renovado, la regulación que les permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la ‘paz total’ en Colombia”.

“Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen. Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente, de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos, para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país”, anotó el jefe de Estado desde la hacienda Hato Grande.