La reconstrucción de Cali después del terremoto del 10 de agosto tendrá uno de sus mayores desafíos en la demolición de las edificaciones que quedaron en condiciones de riesgo. De acuerdo con Milton Castrillón, asesor de la Alcaldía de Cali y gerente de la reconstrucción, actualmente 17 estructuras ya fueron priorizadas para ser derribadas y esa cifra podría aumentar en las próximas semanas.
Castrillón explicó que en la ciudad fueron identificados más de 14.000 predios, entre casas y edificios, que requieren algún tipo de atención por parte del Estado. De ese universo, entre 2.200 y 2.500 fueron clasificados inicialmente como prioritarios y, dentro de ese grupo, 37 edificaciones fueron establecidas como estructuras en riesgo.
“De las 37 ya se tomó la decisión de demoler 17. Ese número puede crecer a 20, a 30, a 40, a 50, en la medida en que el grupo de ingenieros especializados vaya determinándolo”, explicó.
El costo de retirar una estructura afectada por el terremoto representa otro de los grandes retos para las finanzas públicas. Según Castrillón, una demolición puede estar entre $1.500 millones y $2.000 millones, dependiendo de las características del inmueble.
Uno de los casos más costosos sería el del antiguo Molino Rojo, ubicado sobre la Autopista Suroriental. La intervención de esta estructura tendría un valor cercano a los $2.000 millones o incluso $2.500 millones.
“El Molino puede costar más o menos $2.000 millones, $2.500 millones”, señaló Castrillón, quien explicó que la Alcaldía decidió avanzar con la intervención debido al riesgo que representa mantener estructuras parcialmente colapsadas durante largos periodos.
El funcionario indicó que inicialmente el Distrito asumirá el costo de las demoliciones mientras posteriormente se revisan las responsabilidades de las compañías aseguradoras.
“Por ahora, la Alcaldía va a asumir el compromiso financiero de demoler todos esos edificios. Ya luego, internamente, se mirará jurídicamente y financieramente el proceso con ellos”, afirmó.
El antiguo Molino Rojo ya comenzó a ser intervenido. Según Castrillón, la estructura conservaba una torre en pie y su estado generaba riesgos adicionales, incluso por el ingreso de personas que intentaban retirar elementos del inmueble.
“Todos los edificios hoy tienen no solamente un riesgo de caerse, sino de los amigos de lo ajeno”, explicó.
Otro de los edificios que entró en la lista de atención prioritaria está ubicado en la calle Quinta con carrera 66, una estructura perteneciente a la Sociedad de Activos Especiales donde anteriormente funcionaba la DIAN y que también fue conocida por albergar a Foto Japón.
Castrillón explicó que los últimos movimientos registrados después del terremoto generaron nuevos desplazamientos en sus columnas, por lo que se tomó la decisión de acelerar su intervención. En el entorno funcionan un concesionario, dos laboratorios, una clínica y una unidad residencial.
La demolición de una estructura de cinco o seis pisos puede tardar aproximadamente diez días, debido a que no se trata simplemente de derribarla con maquinaria pesada. El procedimiento requiere apuntalamientos y sistemas hidráulicos especializados para reducir progresivamente el peso de la estructura.
“Hay que hacerlo despacio. En la parte de abajo primero tiene que sostenerse hidráulicamente con gatos especializados, un sostenimiento al edificio, empezar con los primeros pisos para empezarle a quitar el peso”, explicó.
La expectativa de la Administración Distrital es avanzar con las primeras intervenciones durante las próximas semanas y completar la demolición de las 17 estructuras priorizadas antes de finalizar el año, siempre que las condiciones técnicas y la disponibilidad de maquinaria lo permitan.
El proceso, sin embargo, no terminará con esas 17 edificaciones. Castrillón estimó que la recuperación integral de Cali podría tardar entre tres y cuatro años, debido a la magnitud de los daños y a la necesidad de realizar estudios técnicos, socializaciones con las comunidades y gestionar recursos para las diferentes etapas de la reconstrucción.
“El número puede aumentar porque cada día el comité de ingenieros va evaluando los estudios patológicos que determinan si resiste o no la estructura que se tiene actualmente”, explicó.
Los recursos para esta primera etapa provienen de la Alcaldía y de transferencias del Gobierno Nacional destinadas al denominado Fondo Milagro. Posteriormente, según Castrillón, se deberán adelantar las revisiones jurídicas y técnicas relacionadas con las pólizas de seguros y las obligaciones de los propietarios.
La prioridad, insistió el funcionario, es retirar las estructuras que representen un riesgo para las personas que viven o trabajan en sus alrededores y avanzar progresivamente en la recuperación de las zonas afectadas.