El senador Carlos Fernando Motoa lanzó una fuerte advertencia sobre la actual situación de seguridad en el país, señalando que Colombia enfrenta una crisis sin precedentes derivada de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno nacional.
“Como congresista y colombiano, me corresponde lanzar una alerta al país: estamos atravesando por una crisis de seguridad sin precedentes por los efectos de la paz total y la negativa del Gobierno nacional actual a terminarla o, siquiera, replantearla, pues desde 2022 se volvió ‘paisaje’ que los jefes de estructuras armadas se movilicen por el territorio bajo condiciones excepcionales, sin importar los cuestionamientos de la opinión pública ni la evidencia de que muchos siguen delinquiendo como si no estuvieran en medio de una negociación”, afirmó el senador.
El congresista también hizo un llamado directo a las autoridades judiciales del país para que actúen en defensa de la Constitución.
“Hoy, como miembro de la oposición y en virtud del principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 4 de la Carta Política, permito recordarle a los jueces de la República y a la Fiscalía General de la Nación que es deber de toda autoridad pública aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando exista incompatibilidad entre la Constitución y cualquier norma jurídica”, sostuvo.
Motoa también se refirió a la situación jurídica de los veintitrés gestores de “paz” designados por el Gobierno, señalando la necesidad de revisar las decisiones adoptadas en su favor. “Frente a la situación jurídica de los veintitrés (23) gestores de ‘paz’ designados por el Gobierno Nacional, se hace necesario que las autoridades judiciales y el ente acusador evalúen la aplicación de tal excepción, particularmente en lo relacionado con el levantamiento o suspensión de órdenes de captura vigentes, toda vez que resultan contrarias a los principios, derechos y fines esenciales del Estado colombiano”, indicó.
Finalmente, enfatizó que la búsqueda de la paz no puede estar por encima del orden constitucional ni de la seguridad ciudadana.
“La búsqueda de la paz, consagrada en el artículo 22 de la Constitución Política, debe armonizarse con otros principios superiores como la seguridad, la legalidad, la protección de los derechos fundamentales y la preservación del orden constitucional. En otras palabras, no todo vale en la búsqueda de la paz, mucho menos si implica sacrificar la tranquilidad de los ciudadanos respetuosos de la ley y ponerle trabas a la labor de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, concluyó.