Una nueva escalada de violencia sacudió este jueves la zona rural del municipio de Silvia, en el oriente del Cauca, luego de los enfrentamientos registrados entre integrantes de los pueblos indígenas misak y nasa por una disputa territorial en el sector de La Ensillada.

En medio de la emergencia, la gobernadora del Resguardo Indígena de Guambía, Liliana Pechené Muelas, responsabilizó directamente al Cabildo Nasa de Pitayó y al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) por los hechos violentos que, según denunció, dejaron cuatro personas muertas, cerca de 80 heridos por arma de fuego y diez personas secuestradas.
“Lastimosamente hoy fuimos testigos de una masacre hecha por el Cabildo Páez Nasa de Pitayó, acolitado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, quienes en su premeditada intención cogieron a nuestra comunidad y empezaron a disparar con armas de alto alcance”, aseguró la autoridad indígena desde el hospital de Silvia, donde atendían a los lesionados.

La confrontación ocurre en medio de un conflicto territorial de vieja data entre las comunidades Misak de Guambía y el resguardo Nasa de Pitayó, relacionado con la posesión y control de predios ancestrales en esa zona del departamento. En las últimas semanas, ambas comunidades habían denunciado agresiones, ocupaciones de tierras y falta de intervención efectiva del Gobierno nacional.
De acuerdo con Pechené, la crisis se agravó tras decisiones y resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuya interpretación ha generado nuevas tensiones entre ambos pueblos indígenas.
“Ellos hablan del término ‘posesionamiento’ territorial, que es prácticamente ubicarse en un lugar y matar al que no está de acuerdo contigo y tomarte ese sitio. Ese mecanismo se viene utilizando mucho no solo contra los Misak, sino contra campesinos y afrocolombianos”, afirmó.
La gobernadora sostuvo que el pueblo Misak no es una comunidad armada y rechazó que el conflicto sea interpretado como un enfrentamiento interétnico.
“Los misak no somos un pueblo violento. Nosotros no manejamos armas. El país lo conoce. Las personas siempre nos van a encontrar ofreciendo un producto, trabajando con nuestro propio esfuerzo y nuestra propia dignidad”, manifestó.
Según el balance entregado por la autoridad indígena, el sistema de salud del municipio colapsó por la magnitud de la emergencia. “Estamos reportando cuatro muertos oficialmente. Teníamos la documentación ahorita en nuestro hospital de 80 heridos a bala, de los cuales 21 ya salieron para Popayán por su nivel de gravedad”, indicó.
Pechené también denunció que diez integrantes de la comunidad Misak permanecen retenidos, entre ellos autoridades indígenas, jóvenes y menores de edad.
“Tenemos en este momento diez personas secuestradas, entre ellas autoridades indígenas, niñas y jóvenes. No sabemos de su paradero. Se ha conocido a través de sus redes que tienen en un cuarto a nuestro vicegobernador del resguardo de Guambía y a su esposa. No sabemos con qué intenciones”, denunció.
La gobernadora cuestionó además la actuación del Gobierno nacional y aseguró que la situación había sido advertida previamente a distintas entidades estatales.
“Esta masacre ha sido acolitada también por el Gobierno porque habíamos hecho varios anuncios y manifestado la necesidad urgente de pronunciamientos de alto gobierno donde expresaran específicamente el daño que se nos estaba haciendo”, sostuvo.
En sus declaraciones, la líder Misak insistió en que el conflicto tiene un trasfondo político y territorial. “Políticamente vienen manejando el tema de que nosotros, los guambianos o los misak, somos traídos. Con ese argumento pretenden posesionarse en un territorio de 19.000 hectáreas, desconociendo nuestra ancestralidad y nuestra población”, afirmó.
Mientras tanto, desde el Cric se emitió un comunicado rechazando las agresiones y asegurando que integrantes de la comunidad Nasa de Pitayó también fueron víctimas de ataques y heridas durante la confrontación.
Hasta el momento, las autoridades nacionales no han entregado un balance oficial definitivo sobre el número de víctimas ni sobre las personas reportadas como desaparecidas o retenidas.
